El gobierno laborista impulsa legislación para sancionar a empresas que empleen ilegalmente repartidores en Reino Unido.
Tras redadas, Reino Unido avanza en la deportación de repartidores ilegales para frenar empleo no autorizado.
Londres.– El Gobierno británico se prepara para deportar a 60 repartidores de comida a domicilio detenidos en una operación nacional contra el empleo ilegal de inmigrantes en situación irregular, informó este viernes el Ministerio del Interior.
Los equipos de control migratorio arrestaron en siete días de redadas en noviembre a 171 repartidores en todo el país, de los cuales 60, de nacionalidades como china, india y bangladesí, quedaron detenidos para su expulsión del Reino Unido.
El ministerio indicó que ha reforzado la colaboración con las empresas Deliveroo, Just Eat y Uber Eats, a las que ahora facilita información sobre la cercanía de hoteles que alojan a solicitantes de asilo para ayudarles a detectar a repartidores sin derecho a trabajar.
A su vez, estas plataformas están intensificando los controles, incluyendo el reconocimiento facial, para evitar el uso ilícito de cuentas compartidas o identidades falsas.
En el Reino Unido, los solicitantes de asilo generalmente no pueden realizar trabajos remunerados durante sus primeros 12 meses en el país o hasta que se apruebe su solicitud.
El Gobierno laborista, en el poder desde julio de 2024, tramita asimismo nueva legislación que obligará a las compañías de la economía de plataformas a verificar el derecho a trabajar de sus empleados.
Las que incumplan las normas podrían enfrentarse a multas de 60.000 libras (unos 68.600 euros) por cada trabajador ilegal y, en casos graves o reincidentes, a penas de cárcel.
El secretario de Estado de Seguridad Fronteriza, Alex Norris, dijo que se quiere enviar "un mensaje claro: Si trabajas ilegalmente en este país, será detenido y expulsado".
"Endureceremos la normativa para frenar el empleo ilegal en el sector de reparto y erradicar esta criminalidad de nuestras comunidades", afirmó en un comunicado.
En el último año, el Reino Unido ha realizado 8.000 arrestos por trabajo no autorizado, un 63 % más que el ejercicio anterior, y ha expulsado a casi 50.000 personas sin derecho a residir en el país.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, que asumió el cargo en septiembre, tiene como prioridad combatir la inmigración ilegal y ha anunciado planes para acelerar las expulsiones y las deportaciones así como restringir el sistema de asilo para disuadir a los migrantes de venir a este país.