Por nueva vez, como ya es costumbre de año en año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, da a la luz pública el listado de países a los cuales imputa no desplegar los suficientes esfuerzos para frenar la producción y el tráfico de drogas hacia su territorio. En la relación figura casi una veintena de naciones de Sur América, Centro-América y el Caribe, ahora con la adición de Cuba. Innecesario señalar que República Dominicana tiene reservado puesto permanente en tan poco recomendable clasificación.
¿Es cierto que nuestro territorio es uno de los principales corredores por donde transita la droga con destino al mercado estadounidense? Sin dudas. ¿Es real la afirmación de que República Dominicana se ha convertido en un centro de lavado de dinero proveniente de esa actividad criminal? Imposible negarlo. Las pruebas están muy a la vista.
Ahora bien. Esas afirmaciones tan ciertas son solo parte de la verdad. Es un análisis parcial e incompleto que silencia la cuota de responsabilidad que le corresponde a los Estados Unidos.
Hay una lista que su gobierno nunca ha dado a conocer: es la de la abultada suma de adictos, consumidores habituales y usuarios ocasionales de drogas, que lo convierte en el mercado más atractivo para los carteles de la droga, que cada año genera cientos de miles de millones de dólares en beneficios. Una suma exorbitante que incide en la economía y en la vida institucional, económica, social y política de muchos países.
De no ser los Estados Unidos el mayor mercado de consumo de drogas del mundo y no mediar la circunstancia geográfica de estar a un tiro de piedra de nuestras costas lo que nos convierte en un corredor de fácil acceso a su territorio, jamás los carteles que manejan este sucio negocio hubieran mostrado el menor interés en introducirse en un mercado tan reducido y con tan escasas posibilidades de expansión como la República Dominicana.
Cuando critica que otros países están haciendo escasos esfuerzos por controlar el tráfico de estupefacientes, el Departamento de Estado olvida incluirse en la lista. ¿Cuál es la cantidad de droga que apresan las autoridades estadounidenses dentro de su propio territorio? Hace bastante tiempo, una fuente de la DEA reveló que era apenas entre el diez y el quince por ciento. Si esto sigue siendo así pese a toda la vastedad de recursos, agentes especializados y tecnología de punta de que dispone la DEA…¿qué reclamarle a un país de tan limitados recursos como el nuestro?
¿Acaso para frenar las incursiones casi diarias de las avionetas del narcotráfico (más de doscientas por año, lo que llevó al entonces embajador norteamericano Hans Hertell a decir que “sobre el país llueven drogas”), no tuvimos que gastar casi cien millones de dólares en la adquisición de la escuadrilla de los “Tucanos”? Una turbia operación de soborno admitido de 3.5 millones de dólares que cursa en los tribunales pendiente de sancionar a los responsables, pero que en justicia debe reconocerse que no empaña la eficacia operativa que han demostrado esos aviones y nuestros pilotos para preservar la integridad de nuestro espacio aéreo.
Pese a todo, el pasado año la Dirección General de Control de Drogas incautó alrededor de ocho toneladas de estupefacientes y la Procuraduría Anti-Lavado de Activos decomisó más de 685 millones de pesos, casi 2 millones 728 mil dólares e inmuebles por valor superior a 563 millones 555 mil pesos en cincuenta y dos operativos vinculados a operaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Como quiera que se mire para un país como el nuestro, son logros significativos.
Son hechos que debieran ser tomados en consideración y ser incluidos en el siempre reiterativo e incompleto informe del Departamento de Estado que cada año nos enrostra una situación en la que, analizada sin pasión, los Estados Unidos cargan buena parte si no la mayor cuota de culpa.