La Fuerza de Supresión de Pandillas reemplaza a la misión anterior para combatir el crimen organizado en Haití.
La renovación mandato Binuh Haití busca apoyar estabilidad y diálogo político ante violencia y crisis en el país caribeño.
En el actual contexto de Haití, "este paso resulta necesario para acompañar los esfuerzos de estabilidad y diálogo político en favor de la paz y la seguridad regional", escribió la Cancillería dominicana en X.
El nuevo mandato de la Binuh, redactado entre Estados Unidos y Panamá, busca fortalecer la oficina de la ONU en Haití en un contexto "complejo" por la situación de inseguridad, dijo el jueves el representante permanente adjunto panameño, Ricardo Moscoso, tras la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta renovación se produce en un momento crítico para Haití, marcado por el control territorial de amplias zonas del país por parte de bandas armadas, el colapso de servicios básicos y un prolongado estancamiento del proceso político de transición tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Ante el deterioro acelerado de la seguridad en Haití, el Consejo aprobó en septiembre pasado la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un operativo multinacional con mandato explícito para combatir el crimen organizado y apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH).
La GSF reemplaza a la anterior Misión Multinacional de Seguridad (MSS), desplegada en 2024, cuyos resultados fueron considerados insuficientes frente al avance de las bandas, que controlan puertos, carreteras y barrios enteros de la capital, Puerto Príncipe.
La nueva fuerza ya está trabajando en el terreno en Haití, con miembros de la antigua MSS, cuyo mandato culminó meses atrás.
Se espera que los primeros contingentes de la GSF lleguen a Haití en abril, mientras que el despliegue completo está previsto para octubre, con hasta 5.500 efectivos aportados por al menos 18 países.
Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas armadas en Haití desde inicios de 2022 y más de 1,4 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares el año pasado a causa de la violencia, la cifra más alta jamás registrada en el país, según datos de organismos internacionales.