República Dominicana enfrenta desafíos críticos en gestión ambiental y social, según Banco Mundial

Santo Domingo–.– Santo Domingo.– Un informe del Banco Mundial ha puesto en evidencia las debilidades significativas en el marco legal, institucional y de políticas de la República Dominicana para la gestión ambiental y social. El documento, titulado "Evaluación General del Marco Legal, Institucional y de Políticas para la Gestión Ambiental y Social", destaca problemas estructurales que podrían comprometer el desarrollo sostenible del país si no se toman medidas urgentes.

El reporte fue entregado al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y busca que el gobierno implante una serie de recomendaciones a los problemas estructurales que sufre el país.

Deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

El informe señala que el proceso de EIA en República Dominicana es limitado y no aborda integralmente los riesgos sociales y ambientales. Solo los proyectos de categorías A y B (los de mayor impacto) requieren estudios detallados, mientras que los de categorías C y D quedan excluidos de evaluaciones profundas. Además, no se consideran impactos acumulativos, transfronterizos o aquellos relacionados con el cambio climático.

Recomienda actualizar los términos de referencia (TdR) para incluir evaluaciones sociales y ambientales en todos los proyectos, independientemente de su categoría, y fortalecer la capacidad técnica del Ministerio de Medio Ambiente (MMARN).

Protección insuficiente de grupos vulnerables

El documento indica que el marco normativo no contempla medidas específicas para proteger a comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres o migrantes en proyectos de desarrollo. Por ejemplo, no hay protocolos para prevenir la violencia de género en obras con alta presencia de trabajadores.

Expresa que es crucial desarrollar guías para la identificación y protección de grupos vulnerables en proyectos, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

Falta de transparencia y participación ciudadana

Aunque existen mecanismos de consulta pública, dice el Banco Mundial, estos son insuficientes y no garantizan una participación informada y continua de las comunidades afectadas. El informe critica la ausencia de planes de participación (PPPI) y la divulgación proactiva de información.
Recomienda implementar PPPI obligatorios para todos los proyectos y promover la difusión de información en formatos accesibles, especialmente en zonas rurales.

Debilidades en la gestión de reasentamientos
Según el reporte, el país carece de un marco robusto para abordar reasentamientos involuntarios.
Las compensaciones suelen basarse en valores catastrales (inferiores al mercado) y no consideran costos de reposición o medios de vida alternativos, por lo que recomienda reformar la Ley de Expropiaciones para incluir compensaciones justas y planes de reasentamiento con enfoque de desarrollo sostenible.

Riesgos para la biodiversidad y el patrimonio cultural

La normativa no exige compensaciones por pérdida de biodiversidad ni evalúa adecuadamente los impactos en hábitats críticos. Tampoco hay procedimientos claros para proteger el patrimonio cultural en proyectos de infraestructura.

Se señala la necesidad de establecer criterios para compensaciones ambientales y crear protocolos con el Ministerio de Cultura para salvaguardar sitios arqueológicos.

Instituciones con capacidades limitadas

El Banco Mundial destaca que instituciones clave como el MMARN, el Ministerio de Trabajo y los ayuntamientos carecen de recursos humanos y financieros para fiscalizar el cumplimiento de las normas. Por ejemplo, el MMARN no cuenta con inspectores suficientes para supervisar proyectos después de su aprobación.

Favorece aumentar el presupuesto y la capacitación para estas entidades, con apoyo de organismos internacionales.

El informe del Banco Mundial subraya la necesidad de reformas legales y políticas para alinear a República Dominicana con estándares internacionales.

Aunque el país ha avanzado en algunas áreas, como la ratificación de convenios ambientales, persisten vacíos que requieren acción inmediata. La sostenibilidad del desarrollo nacional dependerá de cómo se aborden estos desafíos en los próximos años.