La cantidad de casos anticorrupción emprendidos por el Ministerio Público ha creado grandes expectativas en el país, mientras que el proceso avanza hacia su primer gran reto, cuando comience la presentación ante los tribunales con vista a los juicios de fondo.
Hay un gran sentimiento de apoyo a que se puedan sentar precedentes para comenzar con un verdadero adecentamiento de la vida pública, pero como ha advertido la propia procuradora general Miriam Germán, todo deberá transcurrir apegado al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa.
Lo que las autoridades presentan como pruebas contra los imputados son realmente abrumadoras en cuanto a cantidad y detalles sobre la forma en que supuestamente operaba lo que califican como un entramado criminal que habría permitido extraer del erario público cientos de miles de millones de pesos.
Aún así, son los tribunales, libres de presiones mediáticas y de cualquier otra índole los que deberán, en juicios orales, públicos y contradictorios, decidir sobre la validez, fundamento y pertinencia de lo aportado por el Ministerio Público.
Aunque han imputado a los que considera fueron los principales beneficiarios, es obvio que en un entramado como el descrito han debido participar más personas y funcionarios con poder de decisión y en su momento también tendrían que ser llamados para responder ante la justicia.
Igualmente el ministerio público no debe ignorar otras administraciones que también Tuvieron acusaciones de dolo e irregularidades en su contra.
Mientras la justicia hace su papel, que esperamos sea con absoluta independencia, sería conveniente revisar todo el estamento que desde el Estado está llamado a velar por la defensa de los recursos públicos, a fin de que los controles que alegadamente fallaron en el pasado, sean fortalecidos y revisados continuamente.
