Antes, los jueces eran “notables del derecho”, es decir, “juristas con un alto nivel de formación, capaces de apoyarse en su conocimiento generalista del derecho y en la experiencia profesional para ocupar posiciones clave en la jerarquía social”. Siendo “herederos de familias distinguidas y representativos de un ‘ideal aristocrático de Gobierno’”, ellos combinaban “una sólida red de relaciones sociales y su conocimiento jurídico para forjar una imagen de prestigio, y aspirar a cargos destacados en la conducción de los asuntos públicos”.
En aquel entonces, el juez era “típicamente un jurista cuya carrera se desarrolla tanto en el interior como fuera del espacio judicial. Revelando una dinámica según la cual la circulación entre diferentes actividades del derecho constituye la marca de la excelencia profesional, las trayectorias de los magistrados se distinguían por el ejercicio intermitente de la abogacía, la enseñanza universitaria, la administración pública -tanto a nivel local como nacional-, la judicatura, e incluso la actividad política, sea por medio de mandatos electorales, o asignaciones de responsabilidad política como un cargo ministerial” (Miguel Herrera).
Todo eso cambió con el paso de una judicatura empírico-primitiva a una marcadamente burocrática, tendente a la profesionalización de la justicia, en donde los cargos judiciales se llenan a partir de las promociones en el propio cuerpo judicial, posteriormente democratizándose el sistema a través del auto gobierno judicial, fortaleciéndose la formación de los jueces en su propia escuela y consolidándose la independencia de la judicatura respecto de los poderes políticos del Estado.
Si el juez como aplicador mecánico de un derecho positivo y anquilosado que se erige como obstáculo al cambio social, era el de la etapa empírico-primitiva, el juez de la era burocrática/democrática de la judicatura se asocia con un juez garante de los derechos de todos que, en contraposición al juez conservador, asume la aplicación de la voluntad del pueblo constituyente y del legislador democrático, por encima de los intereses políticos y corporativos de la sociedad.
La profesionalización de la judicatura, a pesar de contribuir a una justicia más independiente, conduce, sin embargo, muchas veces a cerrar la circulación de las élites jurídicas y a una judicatura cada día más endogámica y ensimismada, lo que, combinado con la democratización judicial, propicia “la aplicación populista del derecho”, o sea, “sentencias que buscan favorecer desproporcionalmente a una parte, […] obviando los propios principios constitucionales […]. Se pierde [así] la seguridad jurídica, la predictibilidad del Derecho”.
Lo que vemos lamentablemente hoy es que “el populismo no sólo afecta a los partidos políticos y los creadores del Derecho, sino también a los magistrados del Poder Judicial. Los jueces tienen más incentivos a usar dicha estrategia: quedan bien con el pueblo sin asumir coste alguno, pues quién acarrea con las consecuencias de sus decisiones judiciales son los políticos como decisores y al resto de los ciudadanos como pagadores y sufridores” (Comisión de Publicaciones de Derecho y Sociedad).
Hay que seguir luchando por la profesionalización judicial, la independencia de los jueces y la democratización de la justicia, estando muy alertas para que los intereses políticos y corporativos no distorsionen la justicia, pero también para que los jueces no sean cooptados por el nocivo populismo, fomentado alegremente incluso por algunas irresponsables élites políticas, no solo a nivel penal, sino también en todas las materias.
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