El gremio criticó además la rendición de cuentas del Poder Judicial, al considerar que se trata de un ejercicio retórico sustentado en cifras que, según sostienen, no reflejan la realidad que vive la población.
CARD dice que el proceso judicial en RD va en retroceso.
Santo Domingo.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2025 como el año del “Retroceso Judicial”, al denunciar que el país enfrenta una justicia cara, lenta, deficiente y negadora de derechos fundamentales, situación que —según el gremio— afecta tanto a los profesionales del derecho como a la ciudadanía en general.
La valoración fue expuesta durante la Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia, realizada frente a la Suprema Corte de Justicia, con motivo del Día del Poder Judicial. La manifestación, definida por el CARD como cívica y pacífica, sirvió de escenario para denunciar deficiencias estructurales del sistema judicial, entre ellas la falta de presupuesto, la mora judicial y las limitaciones para acceder a una justicia pronta, independiente y eficiente.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, afirmó que la movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante situaciones que, a su juicio, erosionan el Estado social y democrático de derecho. Entre los principales males señalados citó la lentitud procesal, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa, así como la precarización del ejercicio profesional del abogado.
Durante la actividad, el gremio presentó una amplia lista de reclamos, que incluye un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, el respeto al escalafón de la carrera judicial, mejores condiciones de vida para jueces y servidores judiciales, y la no reubicación de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo hacia Los Mameyes, por considerar que dificulta el acceso a la justicia.
Asimismo, el CARD exigió la apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución desde hace más de 15 años, el fin de la administración de justicia en furgones y espacios deteriorados, y mejoras urgentes en la jurisdicción inmobiliaria, donde denuncian trabas burocráticas excesivas. También reclamaron adiestramiento y facilidades tecnológicas para la virtualización de la justicia y reiteraron la demanda de un mayor presupuesto para el Poder Judicial.
El gremio criticó además la rendición de cuentas del Poder Judicial, al considerar que se trata de un ejercicio retórico sustentado en cifras que, según sostienen, no reflejan la realidad que vive la población, marcada —indicaron— por la desigualdad en la aplicación de la ley y la impunidad en casos de criminalidad de cuello blanco.
Finalmente, el CARD pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que al concluir su mandato constitucional deje como legado la instauración de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, señalados por el gremio como una pieza clave para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.