12260 , 20 de noviembre, 2003
1. (U) A seguidas el primero en una serie de reportes sobre el sector bancario dominicano.
EL CASO BANINTER – ¿SERÁ PROCESADO?
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(C) Los funcionarios bancarios dominicanos se sienten complacidos por el interés del gobierno norteamericano en la investigación del caso de Baninter, de “Ramoncito” Báez Figueroa, el cual colapsó el pasado abril y dejó tras de sí deudas incobrables de más de US$2.1 billones. Ellos y otros se sienten profundamente pesimistas de que la judicatura dominicana persista y logre condenas para Báez y sus colegas. El mejor resultado, reflexionan muchos dominicanos, sería que EUA extradite a todo el grupo y se les juzgue en EUA.
(SBU) El embajador y el personal de la embajada desalentaron tales expectativas y estimularon a los dominicanos a que le demuestren a un público escéptico la firmeza de sus intenciones. Aun así, muchos están convencidos de que la próxima temporada de elecciones distraerá la atención lo suficiente para que alguien llegue a un acuerdo, en algún lugar.
(C) A principios de septiembre, el presidente Mejía le dio a la embajada seis gruesas carpetas con material sobre Baninter, incluyendo resúmenes de reportes de actividades documentadas. Esa misma semana, al terminar la visita relacionada con su trabajo del agregado regional de Aduanas Bob Fuentes y del contratista regional del Departamento del Tesoro David Chainer, el FMI autorizó al gobernador del Banco Central José Lois Malkún a que hiciera una solicitud formal de cooperación con sus agencias. Los intercambios informales han sido cordiales y eficaces desde entonces; por ejemplo, del 18-20 de octubre el contratista del BC José Duarte y un funcionario de la embajada fueron a Miami para conversar con el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), con el bufete de abogados contratado por el Gobierno dominicano para proseguir con la recuperación de activos, y con la oficina del fiscal estatal.
(C) El gobernador del BC Lois Malkún y el Superintendente de Bancos Julio Cross han sido tenaces en sus investigaciones sobre el caso Baninter. Ellos persisten aún frente a la falta de pericia técnica para guiar a los investigadores, la obvia inexperiencia de los juristas dominicanos para definir y probar un caso, y las dudas de aquellos individuos dentro del gobierno y fuera del mismo quienes aceptaron los favores de Báez en los días de gloria. Ramoncito tenía a casi todos entre sus garras.
(C) Los funcionarios de la embajada lograron entrevistar al contratista del BC que entró al banco el pasado mayo sin nada más que instrucciones verbales para iniciar la intervención, y hemos pasado mucho tiempo con abogados y gerentes de la Superintendencia de Bancos. Ellos nos dicen que la evidencia del fraude es amplia e innegable. Aun así, nos concierne encontrar que a pesar de se está utilizando mucho tiempo para revisar los archivos, los dominicanos no hacen lo suficiente para seguirle la pista a los bienes, para asegurar un caso a toda prueba contra los culpables, o para identificar las fuentes de los fondos. Un consultor norteamericano que trajimos con fondos de la NAS para una asesoría de dos semanas en octubre confirmó esta impresión. La mayoría de los bienes físicos de Baninter han sido vendidos, pero parece que a la fecha ninguno de los bienes personales de Báez han sido incautados, aun cuando la Ley contra el Lavado de Dinero, efectiva desde septiembre de 2002 prevé esa posibilidad. La única excepción significativa es el periódico Listín Diario, que está bajo una administración nombrada por el Gobierno desde junio.
La investigación
El magistrado Eduardo Sánchez Ortiz fue asignado por sorteo el pasado junio para investigar el caso. En la mayoría de los casos, la ley prevé solamente entre 60 y 90 días para la investigación; recientemente, Sánchez Ortiz recibió su quinta extensión de 30 días en reconocimiento a su necesidad de consultar con expertos bancarios para entender el voluminoso material del banco, sacado no solo de la sede principal de Baninter sino de otros 29 gabinetes de archivos que estaban escondidos en un lejano almacén. Casi todos los récords permanecen disponibles y están almacenados en un lugar que los expertos rehúsan revelar, ni siquiera a nosotros. Sánchez reconoce que para él representa un gran desafío debido a la complejidad del trabajo. Tenemos entendido que una de sus primeras sesiones en mayo fue un seminario de dos horas sobre contabilidad por partida doble. Posteriormente recibió clases un gran cantidad de material de estudio sobre la Ley contra Lavado de Activos de 2002. Recientemente asistió a un taller que ofreció la Escuela de la Judicatura sobre los aspectos legales del lavado de dinero y casos complejos de fraude. En octubre, la SCJ contrató un contador experto con experiencia en banca para que trabaje con Sánchez; él había solicitado dos expertos. Los abogados de Báez Figueroa cuestionaron al experto la semana pasada por estar potencialmente parcializado, ya que su cliente había despedido de Baninter a la esposa del contador.
(SBU) Reconocer el sutil arte de la contabilidad es imprescindible en este caso. Durante más de una década, Báez Figueroa y varios de sus más cercanos colaboradores hicieron sobregiros de las cuentas de sus clientes y los encubrían creando certificados de depósitos fantasmas (instrumentos que hasta hace poco no eran rastreados ni verificados por las autoridades reguladoras). El complejo esquema fue rastreado en un software especialmente creado que contenía un banco “encubierto”, que era reintegrado diariamente con cuentas abiertas pero que solamente eran accesibles durante horario de trabajo para Báez y sus cómplices.
(SBU) La presentación de los hechos será vital. Bajo el procedimiento en RD, el caso contra el grupo de Baninter será juzgado exclusivamente sobre los documentos y las observaciones entregadas por Sánchez Ortiz al juez en sesión; no existe una provisión para que el juez obtenga evidencia adicional. Si Sánchez Ortiz no somete un expediente adecuado – por cualquier razón – el caso estaría lleno de huecos, aumentando las probabilidades de que Báez Figueroa y sus amigos salgan libres.
¿Está Ramoncito acabado?
Báez Figueroa se dio a conocer en la década de 1990 por sus gastos extravagantes, prominentes campañas de publicidad y generosas dádivas a individuos, instituciones y causas caritativas. No parece haber ley en RD que prohíba que funcionarios acepten tales donaciones. El colapso del banco puso a mucha gente nerviosa, en la medida en que se preguntaban hasta dónde se extenderían los procesamientos. En contraste con ese estilo de vida de alto nivel, Báez ha estado encarcelado desde el pasado mayo, a pesar de los rumores de que sus conexiones políticas y vastos fondos lo librarán. El presidente Mejía le declaró al embajador a principios de este mes que Báez merecía estar preso y que ahí se quedaría. De los cuatro funcionarios bancarios que originalmente fueron arrestados, solamente Báez y Marcel Báez Coco permanecen presos. El ciudadano norteamericano Luis Álvarez Renta fue liberado en la primera semana de septiembre para buscar tratamiento médico – el cual buscó rápidamente en Miami y Boston. A pesar de las promesas de sus abogados, Álvarez Renta permanece en EUA. Vivian Lubrano también liberada por razones médicas permanece en RD.
(C) Baninter es el mayor fraude y colapso bancario en la historia dominicana, pero otras quiebras bancarias posiblemente aumenten los casos en los tribunales. Los dominicanos observan estos casos con creciente cinismo y con la expectativa de verse gravemente decepcionados por su gobierno y la judicatura. Los observadores bien informados comentan que las instituciones que deben conservar, regular y vigilar el sistema financiero aquí sencillamente no existen aún. El presidente Mejía y su administración han hecho más de lo que muchos esperaban, pero el astuto Báez tiene muchos recursos – y muchos especulan que en el actual clima electoral, el tiempo está de su parte. La aceptación con total naturalidad de la corrupción en toda la sociedad dominicana es un continuo problema crónico. Debe hacerse mucho más para fortalecer las investigaciones y proporcionar destreza en los procesos, para demostrarle a la mucha gente mala, a los sumisos funcionarios y al pueblo dominicano que la corrupción puede – y debe – ser detectada e impedida.
Documento original de los cables Wikileaks.
12260 , 20 de noviembre, 2003
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 SANTO DOMINGO 006671
SIPDIS
SENSITIVE
DEPT FOR WHA, WHA/CAR, WHA/EPSC, EB/IFD; DEPT PASS USAID;
NSC FOR SHANNON; TREASURY FOR U/S TAYLOR, NLEE, LLAMONICA;
DHS PASS CUSTOMS FOR MIAMI:FUENTES; BRIDGETOWN FOR D CHAINER
E.O. 12958: DECL: 11/18/2010
TAGS: EFIN, PGOV, EAID, CJAN, DR
SUBJECT: DOMINICAN BANKING SERIES #1: BANINTER CASE – WILL
IT GET PROSECUTED?
Classified By: DCM Lisa Kubiske. Reason: 1.4 (b) and (d).
1. (U) Following is the first in a series of reports on the
Dominican banking sector.
(Begin Text)
BANINTER CASE — WILL IT GET PROSECUTED?
(C) Dominican banking officials have been gratified by USG
interest in the investigation of the case of «Ramoncito» Baez
Figueroa’s Baninter, which collapsed last April and left
behind it bad debts of more than USD 2.1 billion. They and
others remain deeply pessimistic that the Dominican judiciary
will stay the course and obtain convictions of Baez and his
colleagues. The best outcome, many Dominicans muse, would be
for the United States to extradite the whole lot and try them
in the United States.
(SBU) The Ambassador and embassy staff have discouraged such
expectations and challenged Dominicans to demonstrate to a
doubting public the firmness of their intentions. Even so,
many remain convinced that the upcoming elections season will
provide enough distraction for a deal to be struck by
someone, somewhere.
(C) In early September, President Mejia passed to the Embassy
six thick binders of Baninter material, including summary
reports of the documented activities. That same week, at the
conclusion of a working visit by Homeland Security (Customs)
regional attache Bob Fuentes and Treasury’s regional
contractor David Chainer, the Monetary Board authorized
Central Bank Governor Jose Lois Malkun to make a formal
request for cooperation with their agencies. Informal
exchanges have been cordial and effective since then; for
example, on October 18-20 Central Bank contractor Jose Duarte
and an emboff went to Miami to talk business with Homeland
Security, with the law firm hired by the GODR to pursue asset
recovery, and with the U.S. attorney’s office.
(C) Central Bank Governor Lois Malkun and Banking
Superintendent Julio Cross have been dogged in their pursuit
of the Baninter case. They persist in the face of the lack
of technical expertise to guide investigators, the obvious
inexperience of the Dominican jurists in defining and proving
a case, and the misgivings of those many individuals inside
the government and out who accepted Baez’s favors in the
glory days. Ramoncito had his hooks into almost everyone.
(C) Embassy officers got to interview the Central Bank
contractor who walked into the bank last May with nothing
more than verbal instructions to begin the intervention, and
we have spent a lot of time with lawyers and managers from
the Bank superintendency. They tell us that the evidence of
fraud is ample and undeniable. Even so, we are concerned to
find that while lots of time is being spent combing through
the files, not enough is being done by the Dominicans to
track assets, to assure an air-tight case against the
culprits, or to identify the sources of funds. An Amcit
consultant we brought in with NAS funds for a two-week
assessment in October confirmed this impression. Most of
Baninter’s physical assets have been sold off, but it appears
that to date almost none of Baez’s personal assets have been
seized, even though the Money Laundering Law effective
September 2002 provides for that possibility. The only
significant exception is the «Listin Diario» newspaper, under
government-appointed management since June.
The investigation
(SBU) Magistrate Eduardo Sanchez Ortiz was assigned by lot
last June to investigate the case. The law provides in most
cases for only 60-90 days of investigation; Sanchez Ortiz
recently received his fifth 30-day extension, in recognition
of his need to consult banking experts to make sense of the
voluminous material from the bank, drawn not only from
Baninter headquarters but also from 29 filing cabinets found
tucked away in a distant warehouse. Almost all the records
are still available and are stored in a location which the
experts refuse to name, even to us. Sanchez acknowledges
being seriously challenged by the complexity of the task. We
understand that one of his first sessions in May was a
two-hour tutorial in double-entry bookkeeping. He
subsequently received tutoring and extensive study materials
on the 2002 Money Laundering Law. He recently attended a
workshop given at the Judiciary School on the legal aspects
of money laundering and complex fraud cases. In October the
Supreme Court contracted an expert accountant with banking
experience to work with Sanchez; he had requested two
experts. Baez Figueroa’s attorneys challenged the expert last
week as potentially biased, since their client had fired the
accountant’s wife from Baninter.
(SBU) Appreciation of the fine art of accounting is essential
in this case. For more than a decade Baez Figueroa and
several close associates systematically ran overdrafts of
client accounts and covered them up by creating phantom
certificates of deposit (instruments that until very recently
were not tracked or verified by the regulatory authorities).
The complex scheme was tracked in specially created software
which comprised a «covert» bank, reintegrated daily with open
accounts but accessible during workhours only to Baez and his
confederates.
(SBU) Presentation of the facts will be vital. Under
Dominican procedure the case against the Bantiner crew will
be judged exclusively on documents and observations delivered
by Sanchez Ortiz to the sitting judge; there is no provision
for the judge to obtain further evidence. If Sanchez Ortiz
fails to file an adequate brief — for whatever reason — the
case will be full of holes, making it all the more likely
that Baez Figueroa and friends will go free.
«Ramoncito» Down and Out?
(C) Baez Figueroa became notorious in the late 90’s for his
flamboyant spending, high profile publicity campaigns and
generous handouts to individuals, institutions and good
causes. There appears to be no Dominican law prohibiting
officials from accepting such donations. The bank collapse
made a lot of people nervous, as they wondered how far
prosecutions might extend. In contrast to that high
lifestyle, Baez has been sitting in jail since last May,
despite persistent rumors that his political connections and
vast funds will get him sprung. President Mejia declared to
the Ambassador earlier this month that Baez deserved to be in
jail and would damn well stay there. Of the four bank
officials originally arrested, only Baez and Marcel Baez
Cocos remain in jail. Amcit Luis Alvarez Renta was freed in
the first week of September to seek medical treatment —
which he promptly sought in Miami and Boston. Despite his
attorney’s pledges of good faith, Alvarez Renta remains in
the United States. Vivian Lubrano, also released on medical
grounds, is still in the Dominican Republic.
(C) Baninter is the grandest bank fraud and collapse in
Dominican history, but other bank failures are likely to give
rise to court cases. Dominicans are watching these cases
with growing cynicism and with the expectation of being
severely disappointed by their government and judiciary.
Knowledgeable observers comment that the institutions to
maintain, regulate and police the financial system here
simply do not exist yet. President Mejia and his
administration have done more than many expected, but the
wily Baez has lots of resources — and many speculate that in
the current electoral climate, time is on his side. The
matter-of-fact acceptance of corruption across Dominican
society is a continuing sore. Much more must be done to
strengthen investigations and to provide prosecution
expertise, so as to demonstrate to the many bad guys, to
complaisant officials and to the Dominican public that
corruption can – – and should – – be detected and deterred.
KUBISKE
