Según Estados Unidos, avión de Nicolás Maduro fue adquirido a través de empresa fantasma

REDACCIÓN. – El Departamento de Justicia anunció la incautación de un avión Dassault Falcon 900EX propiedad y operado para beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas afiliadas a él en Venezuela. El avión fue incautado en la República Dominicana y transferido al Distrito Sur de Florida a pedido de los Estados Unidos con base en violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones de los Estados Unidos.

“Esta mañana, el Departamento de Justicia incautó un avión que alegamos fue comprado ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland. “El Departamento continuará persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

El subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod dijo que “esta incautación envía un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer”.

“No importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos” comentó.

El fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida mencionó “la incautación de la aeronave Dassault Falcon 900EX por parte de los Estados Unidos ilustra nuestro compromiso inquebrantable con la aplicación de las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos y la imposición de sanciones estadounidenses por cualquier violación”.

“La incautación de esta aeronave es otra acción significativa de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional, que trabaja con nuestros socios nacionales e internacionales contra las actividades ilegales del régimen de Maduro”, dijo el agente especial a cargo Anthony Salisbury de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. “Los esfuerzos realizados aquí resaltan el alcance global de HSI y nuestro compromiso continuo de hacer cumplir las sanciones estadounidenses y detener el flujo de ganancias ilícitas generadas por la corrupción pública extranjera de alto nivel”.

En agosto de 2019, el Presidente emitió la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro. Para proteger la seguridad nacional y los intereses de política exterior de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.

Según la investigación estadounidense, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX (que en ese momento estaba valorado en aproximadamente 13 millones de dólares) a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con matrícula T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países.

La Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional.

Los fiscales federales adjuntos Joshua Paster y Jorge Delgado del Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están a cargo del asunto. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la HSI en Santo Domingo brindaron una asistencia significativa en el trabajo con las autoridades de la República Dominicana. Estados Unidos agradece a la República Dominicana por su asistencia en este asunto.