Desde hace más de 30 años, nuestras instituciones y políticas dirigidas a fomentar y defender la convivencia en un clima de seguridad ciudadana han sido insuficientes y débiles.
Como sociedad, hemos actuado frente al creciente deterioro de la seguridad ciudadana cual si se tratara de acontecimientos de contingencia: se actúa frente a la emergencia, se manejan las crisis y luego se pretende volver al estado anterior a la violencia criminal. Ni los factores de vulnerabilidad, ni las causas, ni mucho menos las fuerzas que generan la criminalidad y la violencia han sido atendidos de forma sostenida y eficaz.
El reclamo de medidas coercitivas y acciones drásticas, periódicamente levantado por agentes de opinión y actores de la sociedad es una expresión clara de que no hemos encontrado soluciones sino que hemos aplacado episódicamente las situaciones de inseguridad y sus causas.
La evidencia disponible apunta a que la promoción del enfoque coercitivo-punitivo sólo ha deteriorado más la situación de derechos humanos, generando más violencia estructural a corto y mediano plazos. La cultura de la emergencia ha sido agravada con las políticas institucionales y administrativas aplicadas: la implantación de la logística y método militar para tratar un asunto de naturaleza civil.
Se imponen la logística y la administración militar del fenómeno de la criminalidad cuando se concibe el tema como el conflicto entre unas fuerzas delictivas que pura y simplemente antagonizan a la sociedad, porque esa es su naturaleza. Cuando se asume esta visión errónea, la noción de territorio es pensada con las características de campo de batalla o centro de operaciones y los actores criminales como efectivos o irregulares de un ejército contrario. Es obvio que este enfoque se traducirá en situaciones de excepción, de supresión de las garantías civiles que son consustanciales a la seguridad ciudadana como virtud y condición de la convivencia civil.
Desde esa postura es muy alto el riesgo de declinar hacia la criminalización de la pobreza, la generación de estereotipos de personas sospechosas por prejuicios sociales, económicos o hasta étnicos y la producción de situaciones de abuso y vulneración de derechos.
La seguridad ciudadana es un asunto civil. La presencia de las autoridades que necesitamos fortalecer en el territorio no es la antagónica de adversarios como si constituyeran ejércitos o fuerzas en guerra, sino la presencia inclusiva de la institucionalidad del Estado, sembrar el territorio de la acción mediadora, generadora de protección social y oportunidades, que reducen la incertidumbre y se derivan de la vigencia de un Estado social, democrático y de derecho: educación, salud, formación para el trabajo, mediación social, resolución de conflictos, orden y previsibilidad.
Entre las estrategias u operaciones consistentes con la visión de la seguridad ciudadana como un asunto civil se encuentran: la prevención social, que significa actuar contra la vulnerabilidad y los factores generadores de violencia; la prevención situacional, que va desde medidas de ordenamiento espacial a la inclusión de programas de disuasión; la funcionalidad del régimen de consecuencias o sistema penal; la policía de proximidad o comunitaria como elemento de generación de confianza y disuasión; y la reinserción y rehabilitación de personas que han estado en conflicto con la ley penal. Las mismas darían lugar a un contexto en el que adecuadas políticas económicas para el desarrollo humano generen cada vez mayor inclusión, expectativas positivas y sentido de la integración y la cohesión en la sociedad.
Más que operaciones propias de la visión antagónica militarizada, la gestión de la seguridad ciudadana es una cuestión de desarrollo humano: económico, social, político e institucional. El territorio no es, entonces un centro de operaciones, sino una construcción social, económica e institucional en el que las medidas de contención y disuasión como el actual incremento y despliegue de patrullaje mixto es solo eso: una acción temporal, de corto plazo; con un mensaje a la ciudadanía de que la administración del Estado está consciente de la urgencia y el temor que infunde la criminalidad. Es por ello que nuestros esfuerzos se dirigen a atacar el problema de raíz, mediante la implementación de cambios sustanciales en la visión y forma de construir la paz social a que todos aspiramos.
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