SANTO DOMINGO.- Dos senadores dominicanos aparecen entre los 11.9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelando secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 90 países y territorios, así como un panorama global de fugitivos, estafadores y asesinos.
En esa gigantesca base de datos aparecen los nombres de Alexis Victoria Yeb de María Trinidad Sánchez y David Sosa Cerda de Dajabón.
Victoria Yeb figura con Sonata Properties Agency, empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas, como propietaria de las cuotas sociales de JD Guerrero SRL, ubicada en Herrera y que se dedica a la venta de productos farmacéuticos.
El legislador presentó la compañía en su declaración jurada de bienes, contrario a su homólogo de Dajabón David Sosa Cerda.
Los Pandora Papers revelan que en 2016, Cerda sometió a Overseas Managment Co., el formulario de la empresa Magasin Suplidores, creada ese mismo año en Panamá y dedicada a la compra, venta y exportación de cemento y todo tipo de materiales de construcción.
El senador y su familia son dueños de Empresas Beller, un conglomerado que data de unos 50 años en la provincia fronteriza, que incluye Ferreteria Beller, Aguas Beller y una estación de combustible, entre otras.
Dicho conglomerado forma parte de en su declaración jurada de bienes, pero la offshore Magasin Suplidores, brilla por su ausencia, a pesar de que la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio requiere declarar información relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean éstas con fines lucrativos o no.
Al respecto, el abogado Francisco Álvarez explicó que “un dominicano, funcionario público o no, que tenga una compañía constituida fuera de la RD tiene que declararlo”.
Resaltó que igualmente tiene que cumplir con obligaciones fiscales “si usted es accionista de una compañía constituida fuera de la RD tiene la misma obligación que si fuese constituida en la RD. ¿Cuál es? La de declarar en su declaración anual ante la Dirección General de Impuestos Internos, las acciones que tiene en esa compañía offshore”.
Agregó que se deben declarar porque esas acciones pueden tener vocación a recibir dividendos y eso dinero es gravable y deben pagar impuestos.
El Informe con Alicia Ortega se comunicó vía telefónica con el representante de la Cámara Alta por Dajabon quien admitió que “no declara la offshore”, si siquiera en Impuestos Internos, “por desconocimiento ya que no sabía que tenía que declararla”. Señaló que se trata de una empresa “que no hace negocios en el país, sino en Haití” “comprando cemento a través de ella”, para llevarlo a la vecina nación.
Es precisamente en Haití, donde tiene registrada otra compañía, Magasin Nouveau Temps, según un certificado que envió a El Informe y que dice paga sus debidos impuestos del otro lado de la frontera, pero que tampoco la reporta en territorio dominicano.
Tras explicarle lo que establece la ley añadió “me voy a poner de acuerdo con los auditores y las personas responsables para regularizar mi situación”.
“Es una falta no hacerlo, de hecho mi recomendación en ese sentido es que declaren todas las acciones que tienen a su nombre porque puede ocurrir de que se alegue que están haciendo una declaración jurada falsa, porque la falsedad puede ser por acción u omisión y omisión es usted decir estos son todos mis bienes, pero no son todos sus bienes porque faltan unas acciones que usted tiene que declarar”, insistió Álvarez.
Los secretos financieros almacenados en los 11.9 millones de documentos , provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países, fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Un equipo de 600 periodistas de 150 medios, incluyendo El Informe del Grupo SIN, examinó meticulosamente los archivos durante casi dos años, y contrastando la informacion con diferentes fuentes, archivos judiciales y otros registros públicos en decenas de países.
La información incluida en los documentos rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.
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