SANTO DOMINGO.- La procuradora fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, informó este lunes que siete de los internos que están en condición estable en el hospital Arístides Fiallo, del municipio, van a ser intervenidos para retirarles la piel quemada.
También señaló que continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los provocadores del incendio ocurrido el pasado viernes en el centro de detención preventiva del palacio de justicia de ese municipio, que causó la muerte de un interno y quemaduras e intoxicación por inhalación de humo a otros 23.
“Estamos haciendo las investigaciones de lugar para establecer responsabilidades, porque penalmente van a tener que responder. Hemos estado concentrados en la investigación, no solo observando a los preventivos, sino extendiendo esta investigación a cada una de las personas que tuvo participación, para que este incidente tan lamentable se llevara a cabo”, externó la fiscal.
En el siniestro falleció el privado de libertad Rodolfo Jean Felipe, de 24 años de edad, debido a asfixia y bronco espasmo severo, a consecuencia del fuego que, según explicó Rodríguez Cedeño, fue provocado por los internos para evitar que uno de sus compañeros fuera trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, también en La Romana.
Sobre la investigación, la fiscal señaló que, al ser entrevistados, los privados de libertad admitieron que su intención era amedrentar a las autoridades, pero que la situación se les salió de las manos.
Rodríguez Cedeño explicó que, a pesar de la situación que se presentó a causa del fuego provocado por los internos, la rápida intervención de las unidades de socorro y el trabajo en conjunto con las autoridades locales, permitió que ya en horas de la tarde el centro estuviera funcionando dentro de la normalidad.
En cuanto a la sobrepoblación existente en esta cárcel preventiva, la fiscal titular de La Romana, externó que se trata de una problemática que afecta este recinto hace muchos años.
“Es una problemática que nos ha estado afectando hace muchos años. Nosotros hemos solicitado la construcción de una cárcel preventiva, que es lo que se necesita para poder resolver esta situación, porque el lugar no corresponde a las necesidades de la cantidad de preventivos que se manejan en La Romana y el CCR ya está saturado”, sostuvo Rodríguez Cedeño.
La representante del Ministerio Público indicó que esta situación empeoró con la presencia de la pandemia de la COVID-19, ya que ha afectado el conocimiento de las audiencias por parte de los tribunales, aumentando de esta manera el hacinamiento de los privados de libertad en este recinto preventivo, lo que ha conllevado a la toma de medidas para contrarrestar esta problemática.
Sostuvo que La Romana aspira a tener una cárcel preventiva con capacidad para 600 preventivos, con el fin de garantizar que cada uno tenga dignidad en el trato y la atención, que es lo que se le debe garantizar a un privado de libertad.
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