SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE) presentó un exhaustivo análisis sobre la propuesta de unificación de las elecciones municipales, legislativas y presidenciales en la República Dominicana, destacando las implicaciones logísticas, administrativas y tecnológicas que este cambio conllevaría. El informe fue discutido en una sesión del pleno de la JCE este jueves, donde se evaluaron las posibles repercusiones en la gestión electoral y se identificaron las necesidades para implementar la reforma de manera efectiva.
La propuesta de unificación plantea la realización de siete niveles de elección de forma conjunta, lo que incluye la elección de cargos municipales, legislativos y presidenciales en una única jornada electoral. Según el análisis de la JCE, esta modificación implicaría la implementación de cinco boletas diferentes por elector, lo que incrementaría significativamente el tiempo de votación y los niveles de escrutinio necesarios.
Se proyecta que, en promedio, cada elector tomaría entre cuatro y siete minutos para completar su voto, lo que podría ralentizar el proceso y generar largas filas en los centros de votación. Esto afectaría la capacidad de los colegios electorales para recibir votantes, calculándose que solo el 40% de los electores registrados en un colegio de 600 votantes podrían ejercer su derecho al sufragio en un día normal de votación.
El informe señala que, con siete niveles de elección y la participación de un elevado número de candidatos, los tiempos de escrutinio se extenderían considerablemente, lo que podría generar incertidumbre en los resultados finales. En las primeras horas de la noche se espera que solo los resultados de la elección presidencial sean divulgados, mientras que los resultados de las diputaciones, regidurías y vocalías podrían conocerse hasta la madrugada o al amanecer.
La JCE también advirtió sobre el riesgo de agotamiento físico de los actores del proceso, tanto en los colegios electorales como en las instancias administrativas, lo que aumentaría la posibilidad de conflictos contenciosos electorales y afectaría la confianza en el proceso.
Para mitigar los desafíos logísticos, la JCE recomendó aumentar la cantidad de colegios electorales, lo que implicaría la contratación de más personal y la adquisición de equipos adicionales. Según las proyecciones, se requerirían cerca de 30,000 colegios electorales en todo el país para garantizar un proceso eficiente, lo que representaría un incremento en la cantidad de colegios y miembros, pasando de 86,945 en 2020 a más de 149,000 en 2024.
Además, se propone una evaluación sobre la viabilidad de eliminar el voto preferencial para regidurías y vocalías, los niveles con mayor cantidad de candidaturas, con el fin de acortar el tiempo de escrutinio y agilizar la emisión de resultados.
En su análisis, la JCE destacó que, para hacer frente a las complejidades del proceso electoral unificado, una opción viable sería la implementación de tecnologías de votación automatizada y escrutinio automatizado. Esta solución permitiría reducir los tiempos de votación y acelerar el proceso de transmisión de resultados, aunque requeriría una inversión significativa en equipos y capacitación para el personal electoral.
La JCE también subrayó la importancia de realizar pruebas piloto y auditorías nacionales para garantizar que cualquier tecnología implementada cuente con la confianza de la ciudadanía y los actores políticos. La experiencia del voto automatizado en las elecciones de febrero de 2020 fue mencionada como un punto de referencia clave para evaluar la viabilidad de estas tecnologías.
Para facilitar la implementación de estas medidas, la JCE planteó la necesidad de modificar varios artículos de la Ley Electoral 20-23, entre ellos el artículo 236, que regula el horario de votación. Se sugiere iniciar la jornada electoral una hora antes, es decir, a las 6:00 AM, para compensar el tiempo adicional que requeriría el proceso de votación con cinco boletas por elector.
Asimismo, se mencionaron posibles reformas para la inscripción de candidaturas, los plazos para la aprobación de pactos de alianzas y la realización de las primarias internas de los partidos políticos, entre otros aspectos.
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