Sindicato venezolano exige al Estado que garantice cese de amenazas contra trabajadores

Caracas.- La Central de Trabajadores-Alianza Sindical de Venezuela exigió este martes al Estado que garantice el cese de actos de «violencia, amenazas, persecución, intimidación» contra trabajadores y dirigentes sindicales, tras -dijo- haber recibido denuncias de despidos «sin justa causa» por expresar opiniones políticas.

«Solicitamos al Estado venezolano que garantice el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones sindicales, en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítima», señaló la organización en un comunicado publicado en X.

La Central de Trabajadores, que no brindó detalles sobre las empresas o instituciones de las que proceden los denunciantes, solicitó que se garantice la estabilidad laboral, «así como el derecho a tener una relación de trabajo libre de acoso y violencia».

También exhortó a que se inicie una investigación contra funcionarios públicos, «en virtud de su presunta responsabilidad civil, penal y administrativa, por hechos que vulneran los derechos humanos, la libertad sindical y las libertades civiles, de trabajadores y dirigentes sindicales».

La organización dijo haber recibido denuncias sobre despidos «sin justa causa», por expresar opiniones políticas, y jubilaciones de oficio, «sin procedimiento previo y sin derecho a la defensa».

Este martes, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) también denunció «despidos ilegales» y «renuncias forzosas» en instituciones y empresas del Estado, entre las que -aseguró- se encuentran Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Tenemos noticias de despidos ilegales y renuncias forzosas en Pdvsa, Corpoelec y el sector de la salud», dijo la integrante de la formación Jaqueline López, citada en una nota de prensa del PCV, actualmente intervenido judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

López, que no facilitó más datos de los presuntamente despedidos, también alertó sobre «prácticas de acoso laboral» que se «han acentuado en espacios de trabajo vinculados al sector (de) educación», así como en «gobernaciones y alcaldías» cuyas localizaciones no precisó.

Esta «escalada del Gobierno», prosiguió, «agrava la arremetida represiva contra los sectores populares registrada los primeros días tras las elecciones», cuando se desencadenaron en el país protestas contra el resultado oficial de las elecciones, que dejaron más de 2.400 detenidos y 25 muertes, según las autoridades venezolanas.