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Sociedad civil advierte expediente del caso Odebrecht podría diluirse

Los cinco imputados del caso que irán a la jurisdicción ordinaria en un juzgado de primera instancia son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez.

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Por: Rocío Quiroz

SANTO DOMINGO.- El proceso judicial en contra de los encartados por los millonarios sobornos de Odebrecht en el país deberá iniciar de cero en la jurisdicción ordinaria tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de separar los procesos, así lo advirtieron este miércoles juristas y representantes de la sociedad civil. Dicha decisión, generó una ola de críticas.

Por un lado, el Colegio de Abogados y el sector jurídico en general la calificaron de correcta y aseguraron que sienta un precedente histórico para el sistema de justicia, al considerar que restablece las garantías procesales consignadas en la constitución dominicana y en los tratados internacionales.

Y es que para Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Finjus, «eso debió de haber pasado antes y no haber esperado tres años después». Ya que se trata de garantizar un debido proceso que esté conforme a la ley.

Mientras que en organizaciones de la sociedad civil, la decisión reavivó los temores de que el caso quede impune debido a las implicaciones en el caso.

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De inmediato, desde el movimiento cívico Participación Ciudadana advirtieron que estarán más vigilantes que antes en procura de justicia.

Los cinco imputados del caso que irán a la jurisdicción ordinaria en un juzgado de primera instancia son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez.

En tanto que el senador Tommy Galán continuará su proceso judicial en la Segunda Sala Penal, del máximo órgano jurídico.

Con el acta de lo que leyó ayer el secretario de la Suprema, está entre líneas ahí de donde va a comenzar. Si ustedes leen las motivaciones, ahí va a estar.

El grupo está acusado de recibir unos 92 millones de dólares en sobornos de la multinacional brasileña a cambio de influenciar y gestionar en la asignación de obras del Estado.

La lectura íntegra de la sentencia de la Suprema fue fijada para el 28 de enero del año venidero.

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