Solicitan incluir como sujetos obligados a partidos políticos en Ley de Lavado de Activos para prevenir crimen organizado

SANTO DOMINGO.-Representantes de la sociedad civil hacen un llamado para incluir como sujetos obligados a los partidos políticos en  Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y adoptar medidas, políticas y normas que mediante su implementación y cumplimiento, establezcan los controles necesarios para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en las campañas y organizaciones políticas.

La representante de Participación Ciudadana, Claudia Álvarez, junto a Hamilk Chahin, del Centro Juan XXIII, entienden que es muy importante contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos, los candidatos y precandidatos a cargos electivos.

Al participar en la entrevista central de El Despertador, señalaron los recientes incidentes en los que se ha visto admisiones por parte de miembros de partidos políticos del uso de fondos provenientes del soborno para la financiación de sus campañas y hasta la extradición de miembros del Congreso Nacional para comparecer ante la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, como el reciente caso Calamar, «demuestran que fondos de fuentes ilícitas han penetrado y corrompido el sistema político dominicano».

La abogada Claudia Álvarez explicó que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) debería de hacer una resolución para que se incluyan los partidos políticos como sujetos obligados, que significa que «ahora ellos van a tener que hacer una evolución sectorial de los partidos políticos, eso tiene un proceso para poder incluirlo hay que saber donde está el riesgo, como se puede manifestar, cómo se va a controlar, porque no podemos hacer una ley por hacerla».

Agregó que esta medida ya se ha implementado en otros países como Colombia, El Salvador, Perú, entre otros. «No nos estamos inventando nada están ahí las herramientas, el derecho comparado donde podemos tomar las cosas positivas y que agregen valor a nuestro propio procedimiento y con eso entonces establecerlo», dijo.

Álvarez lamentó que este proceso no estará listo para las elecciones del  2024, «pero lo importante es dar el primer paso y entendemos que esto es un momento idóneo hacia esa meta en ese sentido».

Hamilk Chahin, manifestó que la iniciativa tiene todo un trayecto que recurrir «que no se va a conseguir en dos días, es un proceso que necesariamente tiene que contra con voluntad política, esa voluntad política en este momento depende de del Ejecutivo, que es quien coordina todas esas instituciones y en ese sentido si tenemos digamos la esperanza de que haya un cumplimiento a lo que nos han prometido de que se le va a dar curso».

«Finalmente, esto no requiere una modificación de ley, no hay que promover una ley nueva, esto no tiene que ir al senado, es simplemente incluir a los partidos políticos en la ley que existe ya de lavado de activos», agregó el representante de del Centro Juan XXIII.

Asimismo, resaltan que el financiamiento político sin control es la puerta de entrada para establecer esquemas de lavado de activos, condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándolas para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos.»

Solicitud al Ministerio de Hacienda

Los representantes de la sociedad civil comunicaron que entregaron una carta al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, solicitando formalmente que el Comité Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados, así como a candidatos y precandidatos a cargos electivos, a fin de que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.

Según el artículo 33 de la Ley 155-17, que regula la materia, se establece que “Reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas.”

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Juan XXIII, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Fundación Masada, Santiago Somos Todos, Ciudad Alternativa, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Participación Ciudadana.