Santo Domingo.- El ex director del Intrant, Hugo Beras, es definido por el Ministerio Público como coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de vídeo vigilancia, según indica la orden de arresto emitida en contra los siete apresados por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tras poner en marcha la Operación Camaleón.
Según el documento al que Noticias SIN tuvo acceso, el ex funcionario dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
El documento detalla que José Gomez Canaan, alias Jochi, es el principal beneficiario económico del esquema corrupto. Indica también que a través de su empresa Aurix S.A.S. controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia, además de utilizar a transcore latam y dekolor srl para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
Asimismo, agrega que El asistente de Beras, Frank Díaz, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos.
El otro arrestado por el caso es Samuel Gregorio Baquero Sepulveda, quien fungia como director de tecnología del intrant, y según los fiscales fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude y facilitó el control de los sistemas a Transcore Latam.
El órgano acusador también señala a Pedro Vinicio Padovani Báez como ex encargado del centro de control de tráfico de Intrant y socio de Jochi Gómez. Detalla que tras renunciar a su cargo colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam.
El sexto implicado en el caso es Carlos José Peguero Vargas, quien según el Ministerio Público fue el responsable de movilizar fondos junto a Jochi Gómez a través de Insoprol SRL, desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam.
Durante los arrestos al grupo le fueron incautados algunos bienes.
Tras su arresto, el Ministerio Público tiene 48 horas para depositar la solicitud de medida de coerción.
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