Suspenden audiencia de procesados por terrorismo en Ecuador tras diálogo intercultural

Quito.– Un tribunal de Ecuador suspendió este martes la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada contra once de los doce procesados por terrorismo, detenidos en la ciudad de Otavalo (Imbabura), tras las protestas indígenas contra el presidente Daniel Noboa.

Los conocidos como “Los doce de Otavalo” fueron arrestados el pasado 22 de septiembre, después de un ataque a un cuartel policial durante las manifestaciones convocadas por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que exigía la reversión del alza del precio del diésel, entre otros reclamos.

La audiencia de apelación se instaló el viernes anterior, pero fue suspendida porque los jueces consideraron necesario realizar un diálogo intercultural con los procesados presentes.

Diálogo intercultural y propuestas de las comunidades

En la reinstalación de este martes, los jueces escucharon a los detenidos, trasladados desde la cárcel de Ibarra, y a los líderes comunitarios, quienes hablaron sobre las condiciones económicas, sociales y culturales de los indígenas kichwa implicados.

Posteriormente, jueces, fiscalía, defensa y dirigentes indígenas participaron en una ronda de diálogo para buscar una medida más progresiva en derechos humanos, que permita a los acusados enfrentar el proceso sin permanecer encarcelados, según explicó el abogado Aquiles Hervas, facilitador del diálogo.

Los líderes comunitarios propusieron que los procesados queden en custodia de los pueblos o que se les embarguen bienes como garantía de su comparecencia judicial.

Protestas, acusaciones y presión política

Tras escuchar las propuestas, los jueces suspendieron nuevamente la diligencia, que se reinstalará en los próximos días para decidir si los indígenas recibirán medidas sustitutivas o seguirán en prisión preventiva.

La vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, quien estuvo presente, calificó la captura de los detenidos como “ilegal” y afirmó que son “rehenes del Gobierno”. Agregó que, pese al cierre del diálogo por parte del Ejecutivo, ellos están dispuestos a conversar. “Esto está en las manos del presidente de la República”, dijo.

El abogado Mario Ruiz, defensor de varios de los acusados, advirtió que el proceso judicial es una de las razones clave de las protestas y un test de la independencia judicial frente al poder Ejecutivo.

Una comunera declaró que no piden bonos, sino que el presidente dialogue y mejore la seguridad, salud y educación. Reconoció que el alza del diésel los afecta, aunque estarían dispuestos a entenderla si los fondos se reflejan en beneficios reales para las comunidades.

Hasta el momento, las protestas han dejado dos muertos por armas de fuego, cerca de 300 heridos y más de 200 detenidos, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

Aunque comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, la Conaie ha ampliado sus demandas, incluyendo la oposición al referéndum del 16 de noviembre, en el que se consultará sobre una posible Asamblea Constituyente. El Gobierno ha calificado las protestas como de “naturaleza política”.