Santo Domingo. – El Pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier, celebró este lunes una audiencia pública en la que conoció diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, de los cuales nueve quedaron en estado de fallo y uno fue declarado inadmisible.
En la audiencia, realizada en la sede principal de esta corte, los magistrados dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0032, en el que el accionante, Pedro Jiménez Valenzuela, atacó el artículo 4 de la Ley núm. 157-13, que establece el método D’Hondt para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada demarcación electoral para el nivel congresional, y los artículos 294, numeral 4, y 295 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero del 2023.
De igual modo quedó el expediente TC-01-2024-0034, interpuesto por la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) en contra de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), del 15 de enero 2024. De igual forma, el expediente TC-01-2024-0034, donde la empresa Happy Puppy Entertaiment, S.R.L. ataca el artículo 11, acápite 3 de la Ley 2-23, sobre Procedimiento de Casación.
Asimismo, los magistrados evaluaron el expedienteTC-01-2024-0038, a través del cual Marcos Leen Jiménez ataca la parte in fine del artículo 641 de la Ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo de la República Dominicana, del 29 de mayo de 1992.
Igualmente fue dejado en estado de fallo, el expediente TC-01-2024-0040, en el que la Fundación Primero Justicia (FPJ), Inc., y el licenciado Miguel Surún Hernández atacan el párrafo I del artículo 64 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007.
En esta audiencia los magistrados también conocieron el expediente TC-01-2024-0041, donde Luis Ventura Sánchez ataca la Ley núm. 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, del 2 de octubre de 2024.
Otro expediente que quedó pendiente de fallo fue el TC-01-2024-0042, interpuesto por Wendy Santos Berroa en contra de los artículos 1, 2 y 2.5 de la Ley 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana del 2 de octubre de 2024 en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, de fecha 2 de octubre de 2024.
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0033, donde la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) ataca la primera y segunda decisión de la Ordenanza 1/2022, emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el 16 de febrero del 2022.
También se conoció el expediente TC-01-2024-0036, interpuesto por la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas, Inc. (Adobad), en contra de los artículos 2 y 5 del Decreto 480-19, del 23 de diciembre de 2019, que modifica y agrega varios artículos del Decreto 352-99, del 12 de agosto de 1999, que aprobó el Reglamento Hípico.
Finalmente, los jueces del TC declararon inadmisible el expediente TC-01-2024-0037, introducido por el doctor Fernando Pichardo Cordones y los licenciados Manuel Alejandro Encarnación Montás y Loammi Peña, en contra de los actos 553/2024 y 559/2024, del 10 y 13 de septiembre de 2024, respectivamente, contentivos de demanda en reparación de daños y perjuicios y devolución de valores.
Además de los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y la secretaria de la alta corte Grace Ventura Rondón.
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