¿Tenemos dolientes?

Si la República Dominicana contara en realidad con un sistema de consecuencias no sujeta al poder político y sus vaivenes, las revelaciones que han salido a relucir sobre misterios e inexplicables manejos de fondos públicos deberían haber producido un gran estremecimiento nacional.

Sin embargo, el país parece tan inmerso y anestesiado por la politiquería que un informe de tal gravedad sobre las finanzas públicas no ha pasado de tener el impacto mediático y coyuntural de titulares de prensa.

Quizás por eso no se ha conferido la trascendencia que tiene la autopsia fiscal realizada por el economista Rafael Jovine y presentada en el país por la entidad internacional Oxfam, que mostró serias irregularidades sobre la forma en que se manejan gastos, pagos y partidas presupuestarias superiores a los 13 mil millones de pesos en diferentes dependencias de la administración pública.

El trabajo está tan bien documentado con datos y cifras que si contáramos con una justicia verdaderamente independiente, debería servir de base para exigir no solo rendición de cuentas, sino también para abrir procesos y establecer responsabilidades, ya que se trata de multimillonarios recursos público que no han sido debidamente transparentados.

Tan relevante como esto es preguntar, ¿por qué la Cámara de Cuentas no registró por lo menos algunas de estas irregularidades administrativas y si lo hizo en alguna oportunidad, por qué no tuvo consecuencia alguna, al punto que  ha tenido que ser Oxfam la encargada de revelar semejante descalabro fiscal que no debe quedar sumido en la impunidad o el olvido.

Para qué contamos entonces con una Cámara de Cuentas que no pasa de ser un ente más de la costosa burocracia nacional y que no cumple como debiera con su misión de ser celoso vigilante para el buen manejo de los fondos públicos y detectar, mediante auditorías, cualquier anomalía, aunque ésta se registre en la presidencia o en cualquier ministerio, sin importar su categoría y quienes los dirigen.

Los recursos del Estado, vale decir el dinero que el Gobierno capta de los contribuyentes que pagan sus impuestos, no pueden ser manejados con cuestionable discrecionalidad y sin dolientes porque nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley.