La sociedad está virtualmente indefensa frente al crimen organizado, entre otros factores, por la forma en que se están produciendo dictámenes en favor de personas con graves acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
¿Cómo se podrá combatir eficazmente las acciones delictivas y, en consecuencia, contrarrestar sus nefastos efectos en la sociedad, con estas medidas alegres y cuestionables?
Esta penosa e inexplicable situación no es nueva, pero ha vuelto sobre el tapete, a propósito de la disposición emitida por un tribunal, mediante la cual se favorece a dos colombianos con un cambio en las medidas de coerción.
Si en una primera fase del proceso, los magistrados encontraron suficientes elementos para ordenar prisión en este caso, ¿cómo se explica que ahora la situación haya variado a tal nivel que sólo se requiere garantía económica y presentación periódica?
La privación de libertad, dentro del repertorio de la coerción, se impone cuando hay razones para temer la posibilidad de fuga, y dado el hecho de que se trata de ciudadanos sin arraigo en el país, esta circunstancia debió prevalecer y ser tomada en cuenta por el tribunal.
Pero fuera de alegatos o pretendidas justificaciones para liberar a estos ciudadanos, muchos de ellos discutibles y de dudosa aceptación, lo preocupante es la falta de una manifiesta voluntad de combatir el narco desde la esfera judicial.
La Procuraduría general de la República ha hecho bien en pronunciarse en contra de esta orden de libertad, por considerarla contraria a la obligación de combatir frontalmente el crimen desde todas las instancias del Estado.
Sin embargo, habrá que explicar por qué se habrían producido supuestas fallas en la actuación del Ministerio Público, como alegan los magistrados para justificar su dictamen.
En medio de este panorama y de sus inquietantes brumas, se impone que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial dispongan una rápida y profunda investigación.
