Toda reforma debe tener objetivos claros a alcanzar, y solo será exitosa en la medida que logre satisfacerlos sino plenamente al menos satisfactoriamente, pues de lo contrario se convierte en una ley más, vacía de propósitos, hueca de contenido esencial y carente de legitimidad.
El anuncio del presidente Luis Abinader de que convocará los actores políticos y sociales del país para tratar de lograr el consenso requerido para impulsar las doce reformas institucionales y sectoriales que ha identificado como prioritarias, llega en el momento oportuno, pues superados los días más oscuros de la pandemia y al inicio de su segundo año de mandato, no hay tiempo que perder para emplearse a fondo a discutir, proponer y trabajar.
Pero también llega en el momento idóneo pues el gobierno logró en su primer año mejorar un aspecto primordial, avanzar en la restauración de la confianza en la sociedad, la cual estaba sumamente erosionada por reiteradas violaciones a la ley, actos de corrupción, histórica impunidad, falta de credibilidad en autoridades, instituciones y estadísticas oficiales, así como desconexión del discurso político y los hechos, requisito indispensable para acometer cualquier reforma y restaurar el contrato social, como bien lo señaló el reputado consultor político francés Jacques Attali, quien fue contratado por el ex presidente Leonel Fernández para dirigir el informe presentado por la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana 2010-2020.
Son muchos los diálogos, pactos y acuerdos que se han celebrado en las últimas décadas en el país, y aunque algunos rindieron frutos, la mayoría no pasaron de ser ejercicios de retórica, desahogos para algunos, plataforma de promoción y escenarios de amarres de otros, y causa de enorme frustración para aquellos que con convencimiento dedicaron horas a trabajar y al final quedaron con el sabor amargo de que el esfuerzo fue en vano.
Lo primero que se requiere es poner en claro ciertos puntos, como dejar sentado que consenso no puede ser unanimidad de visiones pues eso haría prácticamente imposible llegar a acuerdos, pues poner toda una sociedad a una sola voz y mucho más en tiempos de la era de la información es un reto inalcanzable, lo importante es alcanzar el respaldo de un porcentaje significativo, que a su vez represente a los actores identificados como claves para lograr el objetivo esperado.
Reformar es por definición modificar cosas que afectarán a unos pero podrían significar bienestar colectivo, y por eso aunque la participación manda que todos puedan expresar sus opiniones, las autoridades deben tener identificados los conflictos de intereses detrás de cada posición para darles su justo valor, y no solo los evidentes sino también los ocultos, para que haciendo un símil con la investigación de los beneficiarios finales de las sociedades, sepa quiénes son “los interesados finales” de muchas instituciones cuyas posiciones estarán guiadas por la defensa de estos.
Toda reforma debe tener objetivos claros a alcanzar, y solo será exitosa en la medida que logre satisfacerlos sino plenamente al menos satisfactoriamente, pues de lo contrario se convierte en una ley más, vacía de propósitos, hueca de contenido esencial y carente de legitimidad. Por esto antes de poner en marcha la maquinaria de estas doce reformas el gobierno debe tener claro qué espera alcanzar con cada una de ellas, quiénes serán los feroces opositores que buscarán preservar el statu quo, y quiénes los aliados naturales para modificarlo, así como proyecciones realistas sobre lo que se podría lograr, de forma que la discusión verse sobre el cómo y el cuándo, aúne voluntades y no genere falsas expectativas que se convertirían en decepciones que reducirían la efectividad de lo conseguido.
Pero lo más importante de todo será que las autoridades tengan conciencia de que así como debe haber un tiempo para expresar y proponer, para intentar convencer y consensuar, tiene que haber un tiempo de tomar decisiones oportunas fundamentadas en lograr los objetivos planteados, las que afectarán a algunos que a pesar de su enorme rango de influencia y capacidad para conseguir adhesiones o detener los cambios frente a sus puertas, deben pesar menos en el fiel de una balanza que debería inclinarse por lo mejor para el país y el bienestar común, aunque eso afecte las simpatías del gobierno, pues nadie que vaya a reformar seriamente será del agrado de todos, pero la única forma de salir airoso es haber generado más gusto que disgusto a una sociedad a la que una vez más se le venderá el sueño de unas necesarias reformas, el cual anhela ver convertido en realidad.
