Tránsito y electricidad

Entre los múltiples problemas que nos afectan hay dos que guardan mucha similitud, el deficiente servicio eléctrico y el caos del tránsito, no solo por la gran irritación que provocan en la ciudadanía, sino porque comparten además de causas comunes la característica de que parte importante de su solución depende del correcto comportamiento de los propios ciudadanos que se quejan de estos.

Ambos son sin lugar a dudas la piedra en el zapato de todos nuestros gobiernos, y es más que evidente que su solución no depende de reformas legislativas ni de la creación de nuevas instituciones, pues a pesar de la existencia de una Superintendencia de Electricidad, un Ministerio de Energía, una Comisión Nacional de Energía, una empresa de transmisión y  otra de generación hidroeléctrica de propiedad estatal, tres distribuidoras en manos del Estado en violación al mandato legal de que deben ser mixtas y de administración privada, dos empresas mixtas de generación, las causas principales de los problemas en el sector eléctrico siguen siendo las mismas que cuando existía el monopolio estatal, la politización de las decisiones, el fraude eléctrico y la falta de consecuencias por este, y las mejorías solo se consiguen cuando, como es el caso actualmente, lidera las decisiones alguien dispuesto a aplicar la ley sin que le importe el costo de hacerlo.

Por eso tampoco ha habido una mejoría en el tránsito luego de la aprobación de la Ley 63-17 de movilidad y transporte y de la creación por esta del INTRANT, y por el contrario hay una dispersión de funciones entre este y las alcaldías despojadas en gran parte de sus anteriores facultades, la DIGESSET y el Ministerio de Obras Públicas,  y existe una falta de coordinación y visión unificada, a lo que hay que sumar la distorsión de origen con que nació la ley de disponer que un 75% por ciento de los ingresos recaudados por las multas de tránsito correspondan a la Procuraduría General de la República por un motivo no formalmente expuesto de que el entonces procurador así lo impuso para obtener recursos para su plan de reforma del sistema penitenciario hoy objeto de un expediente acusatorio, y apenas un 25% para el INTRANT, habiendo quedado fuera de dicha distribución los ayuntamientos.

Lamentablemente muy pocos de los casi 30 reglamentos de la Ley 63-17 han sido dictados, y peor aún las acciones principales que esta ley ordena no han sido ejecutadas, el reemplazo de los vehículos chatarras, el registro de las motocicletas y su regulación, la inspección vehicular, la regulación de los distintos transportes, las  estaciones de peaje de vehículos, el control efectivo de los límites de velocidad, la certificación de los conductores de transporte público, las campañas de educación permanentes y masivas de educación y prevención vial, que por otra distorsión de la ley, deben ser realizadas por el INTRANT en coordinación con la Procuraduría.

Ambas problemáticas tienen como telón de fondo la equivocada visión de que bien de dominio público equivale a la posibilidad de apropiarse y aprovecharse privadamente sin que existan dolientes ni consecuencias, por eso algunos se apropian de aceras y calles, y otros históricamente han entendido que pueden conectarse ilegalmente a la red de distribución eléctrica.

El presidente Abinader desde antes de iniciar su segundo y último mandato ha prometido importantes reformas estructurales, pero debe tener muy presente que hay problemas como el del tránsito y la electricidad que solo se resolverán con aplicación estricta de la ley, régimen de consecuencias y concientización, y que mientras el déficit de las distribuidoras continúe desangrando las arcas nacionales, y transitar por las calles y avenidas sea un ejercicio de sobrevivencia frente a motoristas que impunemente violan todas las reglas de tránsito sin consecuencias aunque vistan la imagen corporativa de importantes empresas de servicios, vehículos de carga que transitan sin condiciones adecuadas ni respeto a las normas, y la solución de cada ciudadano sea comprar un vehículo tenga este o no condiciones para transitar por las deficiencias del transporte público, el desarrollo del país seguirá anclado por esa esquizofrénica dicotomía de ser por un lado un país de pujante y admirado crecimiento, y por el otro, seguir exhibiendo el bochornoso palmarés de campeones en muertes por accidentes de tránsito y en pérdidas en el sector eléctrico.