SANTO DOMINGO.- Este miércoles fueron trasladados a sus respectivas residencias los imputados del caso Coral 5G que la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso arresto domiciliario.
Se trata de Esmeralda Ortega Polanco; Jehohanan Lucía Rodríguez; Carlos Augusto Lantigua; Miguel Alfredo Ventura; Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalles.
Los imputados fueron entrados al vehículo del Ministerio Público y con bolsas en sus manos abordaron de manera rápida el autobús.
Aún permanecen en la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia los Generales Juan Carlos Torres Robiou; Boanegers Reyes Batista; Franklin Antonio Mara Flores; Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y José Manuel Rosario Piron a quienes se le dictó 18 meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
En el transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
En el proceso el Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
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