El convenio fue suscrito por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, en la sede de esta institución.
MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) y la Real Academia Española (RAE) firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual el TC se adhiere a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la RAE. La iniciativa busca promover la accesibilidad del lenguaje en la comunidad hispanohablante y fortalecer los valores democráticos.
El convenio fue suscrito por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, en la sede de esta institución. La RAE destacó que su objetivo es «velar por que la lengua española, en su adaptación a las necesidades de los hablantes, conserve su unidad esencial».
Con esta adhesión, el TC reafirma su compromiso con los principios constitucionales, facilitando que los ciudadanos comprendan las normas y leyes en todas las naciones de habla hispana.
La alta corte colaborará en proyectos que promuevan el uso del lenguaje claro, especialmente en el ámbito de la justicia constitucional, y apoyará la incorporación de nuevas instituciones a la red.
El TC y la RAE desarrollarán acciones concretas para cumplir los compromisos del acuerdo, incluyendo iniciativas dentro de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.
La Red Panhispánica, creada oficialmente en junio de 2022 en Santiago de Chile, busca fomentar el lenguaje claro como base de los valores democráticos y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil. Está abierta a todas las instituciones públicas o privadas interesadas en fortalecer la accesibilidad y comprensión del lenguaje en la vida pública.
Sobre el Tribunal Constitucional dominicano
El Tribunal Constitucional, órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en la República Dominicana, fue establecido por la Constitución del 26 de enero de 2010. Su misión es garantizar la supremacía constitucional, proteger los derechos fundamentales y asegurar el cumplimiento del orden jurídico.
Las decisiones del TC son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El tribunal mantiene su autonomía frente a los demás poderes públicos y organismos del país.