San Salvador.- El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de El Salvador ordenó la «apertura del procedimiento administrativo sancionador» contra la jefa del Gabinete del Gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, por la «posible infracción al deber ético regulado» por la supuesta corrupción en la gestión de fondos destinados a becas públicas, según se informó este jueves.
Héctor Silva, quien presentó la demanda ante el TEG y concejal de la Alcaldía de San Salvador por el partido opositor Nuestro Tiempo (NT), hizo pública, a través de su Twitter, la resolución de dicho ente.
Según el artículo 42 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), «una vez comprobado el incumplimiento de los deberes éticos o la violación de las prohibiciones éticas previstas en la LEG, el Tribunal sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal u otra a que diere lugar, impondrá la multa respectiva, cuya cuantía no será inferior a un salario mínimo mensual hasta un máximo de cuarenta salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio».
En el siguiente artículo, el 43, se señala que «para imponer la sanción de multa, el Tribunal deberá tomar en consideración los criterios que la LEG señala, a fin de que la misma sea proporcional a la infracción cometida por las personas sujetas a la aplicación de la presente Ley».
La demanda contra Recinos fue presentada a principios de octubre, después de que el medio salvadoreño Factum publicara una investigación en la que afirmaba que la jefa del Gabinete salvadoreño le otorgó a su nuera «una beca financiada con recursos del gobierno para que estudiara una maestría en Rusia».
«Lo hizo en su calidad de coordinadora del consejo de administración del Fondo Especial de Los Recursos Provenientes de La Privatización De ANTEL (FANTEL), dos meses después de haber relajado los requisitos para el otorgamiento de esa beca», según señala la publicación.
Estados Unidos incluyó en julio de 2021 a Recinos en una lista de funcionarios centroamericanos sospechosos de corrupción o de socavar la democracia.
El informe acusa a la funcionaria de haber incurrido en una «corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal» y afirma que también participó en un esquema de lavado de dinero.
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