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Tribunal dicta 18 meses de prisión preventiva a 7 de los 8 imputados en operación Gaviota

Investigación
Imputados de una red de fraudes que habría captado más tres mil millones de pesos y que fue desmantelada mediante la Operación Gaviota. Foto: fuente externa.
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Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete de los imputados de una red de fraudes que habría captado más tres mil millones de pesos y que fue desmantelada mediante la Operación Gaviota.

La medida le fue impuesta a Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres.

Mientras que Eridania García Veloz de Martínez, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres.

En cuanto a la imputada Lucía Martínez Colón, el tribunal le impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una empresa aseguradora; presentación periódica e impedimento de salida del país.

“A la única que la magistrada entendió que fue prácticamente utilizada por Rafael porque es una tía que se dedicaba a prácticamente hacer las labores de limpieza en la compañía Investor Winner. Tomo eso en consideración y le impuso lo que es una garantía económica ascendiente a un millón de pesos bajo modalidad de contrato”, señaló uno de juristas.

El tribunal también declaró el caso complejo.

El modus operandi empleado por la presunta red delictiva consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimientos mensuales que oscilaban entre el 10% y el 30% de la inversión realizada. Se les aseguraba que estos beneficios se derivarían de operaciones de trading1 realizadas a través del bróker2 Pepperstone, supuestamente llevadas a cabo por los miembros de la estructura.

Indica la solicitud de medida de coerción que la supuesta red se introducían en las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas.

La estructura criminal, que operó en el período de tiempo comprendido desde finales del año 2020 hasta septiembre del año 2022, se encontraba liderada por el nombrado “Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz Martínez”, quienes tenían como socios en las actividades de reclutamiento y captación de víctimas más de 12 socios.

El modus operandi consistía en que Rafael Martínez Batista, o algunos de los reclutadores, convocaban a las víctimas a una sesión que llamaba “entrenamiento”, que tenía lugar, en muchos casos, en las oficinas de las empresas “Investor Winner IW SRL y Guro Investments SRL”,  ubicada en la Av. 27 de Febrero o en las instalaciones de Higüey, provincia La Altagracia.

Para captar estas víctimas usaban inicialmente el sistema de referencias por los que llamaban “asesores”. También, “…crearon páginas web y perfiles de redes sociales”, con el objetivo captar víctimas sin importar el lugar donde se encontrarán, y dar apariencia de seriedad a las empresas utilizadas en el esquema de estafa.

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