Más que sobrada razón le asiste al procurador de Anti Lavado de Activos, Germán Miranda Villalona al llamar la atención del Poder Judicial sobre la composición de los tribunales que conocen los expedientes de narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Al respecto señala que “un viernes conforman una corte o un tribunal y al lunes siguiente lo cambian y traen otro juez transitorio, que independientemente de su preparación o su conocimiento no está compenetrado para conocer un caso tan complejo o tan grande”. Penoso, pero realmente es así.
Lo cierto es que casos de naturaleza tan compleja no pueden seguir siendo puestos en manos de jueces de paz, de tránsito o suplentes, donde con frecuencia, ya sea por la razón que señala Miranda Villalona, ya por otra menos justificada, se dictan fallos que ignoran la gravedad de los delitos, el grado de responsabilidad de los encartados y el riesgo de fuga.
Sentencias de ese tipo no solo causan asombro y rechazo en la opinión pública, sino que ponen bajo sospecha y en entredicho el prestigio y la eficacia de la Justicia, al tiempo que devuelven a las calles a elementos criminales de alta peligrosidad y les ofrecen la oportunidad de evadir la acción de la justicia. Ejemplos sobran.
¿Cuál es la razón por la que tantos casos de la naturaleza señalada por el procurador de Anti-lavado de Activos no sean conocidas por los jueces titulares? ¿Es que estos evaden su conocimiento de manera expresa, sea por no comprometerse, por temor a posibles represalias o por otra razón?
De ahí, la propuesta de Miranda Villalona de conformar un tribunal especial para conocer y fallar este tipo de casos. Debe ser uno que esté integrado por magistrados que presenten un limpio historial de servicios, sean de comprobada probidad y dispongan de amplio conocimiento jurídico para desmontar las artimañas y maniobras a que apelan los abogados experimentados, mañosos y costosos que, por lo general, defienden a los sometidos por estos delitos.
Esta misma sugerencia la habíamos hecho en tiempo atrás en base a iguales argumentos y reiterado en varias ocasiones, copiando el modelo utilizado en otros países para garantizar que jueces dotados de coraje para enfrentar las mafias del narco y el crimen organizado, inmunes al soborno, el tráfico de influencias y presiones externas no vacilen en conocer y sancionar a los responsables de este tipo de delitos.
Ahora, con mucho más peso de autoridad, la propuesta formulada por el procurador Miranda Villalona cobra mayor fuerza, por lo que es de esperar sea acogida y debidamente ponderada.
Del mismo modo, es de esperar que las Cámaras Legislativas conozcan de urgencia las leyes de dominio público y la que aumenta las sanciones por el lavado de activos, anunciadas por el Presidente Medina en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Ambas serían dos poderosas herramientas legales para impedir que capos de la droga y del crimen organizado puedan disfrutar de las cuantiosas fortunas logradas a través de sus actividades delictivas, aún después de haber sido sancionados. Tales los casos de Quirino y Toño Leña.
Porque reiteramos que cada fallo cuestionable en delitos mayores como son los de narcotráfico, crimen organizado y corrupción va en detrimento de la seguridad ciudadana, a la vez que en deterioro del prestigio del Poder Judicial y la confianza que debe despertar en el seno de la sociedad.