MP pide decomisar fincas, villas de lujo y decenas de vehículos en caso de corrupción
Fiscales solicitaron penas de prisión y multas para oficiales militares implicados en la red de corrupción administrativa.
Caso de corrupción en República Dominicana: Ministerio Público reclama decomiso de bienes relacionados con fraude al Estado.
Santo Domingo.– Este jueves, el Ministerio Público pidió al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que ordene el decomiso definitivo de un amplio conjunto de bienes inmuebles, vehículos y recursos financieros, presuntamente relacionados con un caso de corrupción administrativa que, de acuerdo con la acusación, habría provocado un desfalco superior a los 4,500 millones de pesos al Estado dominicano.
Detalles confirmados sobre los bienes incautados
Entre los bienes cuya incautación fue solicitada figura una finca avícola, ganadera y agropecuaria donde operaba la Asociación Campesina Madre Tierra, ubicada en Sabana Grande de Boyá, valorada en 3,856,046 millones de dólares.
También se incluye un proyecto residencial en Colina del Oeste, compuesto por cuatro residencias familiares y un área común, con un valor conjunto de 3,502,004.13 millones de dólares, así como una villa de lujo en Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, valorada en 500,000 dólares.
La solicitud de decomiso abarca además una plaza comercial de 44 locales en la autopista Duarte, valorada en 92 millones de pesos, y un amplio terreno en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo, donde opera un negocio estimado en 123,649,234.02 millones de pesos.
En la provincia Monte Plata, el órgano acusador pidió incautar varias propiedades rurales, entre ellas una finca sembrada de piñas en Pueblo Nuevo, distrito municipal Chirino, valorada en 32,256,056 millones de pesos; una finca agrícola en el tramo carretero Mata Los Indios, en Bella Vista de Guerra, con un valor de 342,040 dólares; y una finca de cacao en el tramo Los Botados–Camarón, en Hato Viejo de Yamasá, valorada en 265,546 dólares.
A esto se suma una finca ubicada en la carretera de Las Palmas, esquina Caquelo, en el distrito municipal Río Verde, provincia La Vega, valorada en 14.4 millones de pesos.
El expediente incluye más de 25 apartamentos distribuidos entre Santo Domingo, el Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como viviendas en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste y otras demarcaciones.
También se solicitó el decomiso de unos 70 vehículos, entre camiones de carga, equipos agrícolas, yipetas, automóviles deportivos, eléctricos y otros de alta gama, además de cuentas bancarias y certificados financieros que permanecen inmovilizados.
Acciones legales y sanciones solicitadas
Durante la audiencia, los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, señalados como cabecillas de la presunta red de corrupción.
La misma pena fue solicitada para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, además del decomiso de los bienes vinculados al caso.
Para Esmeralda Ortega Polanco, el Ministerio Público pidió 10 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos, mientras que para el sargento Alejandro José Montero Cruz solicitó 10 años de cárcel y una multa de 75 salarios mínimos.
En cuanto al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien admitió los hechos y colaboró con el proceso, el órgano acusador solicitó cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, requiriendo que el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario sea computado como pena cumplida y que el resto sea suspendido, bajo condiciones como residencia fija, presentación periódica y prohibición de portar armas.
También se solicitó igual pena para Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, con multas de 500,000 pesos.
- Respecto a las personas jurídicas, el Ministerio Público pidió la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, además de una multa de 200 salarios mínimos. Solicitó sanciones similares para las empresas Hacienda Kelman SRL, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa International Company SRL, Aldom Glass Aluminium SRL y R&F Agroindustrial, todas con multas de 200 salarios mínimos y decomiso de bienes.
Para Rawel Importadores SRL, solicitó su disolución y una multa de 10 millones de pesos, la cual ya fue pagada, destacando su colaboración con el proceso.
El tribunal, presidido por la jueza Giselle Méndez e integrado por Jissel Naranjo y Tania Yunes, fijó la continuación de la audiencia para el martes 10 del mes en curso.