SANTO DOMINGO. – El Tribunal Superior Administrativo conoció este miércoles una acción de amparo contra la Junta Central Electoral, sometida por un grupo de abogados y la Fundación Primero Justicia, a fin de que emita una resolución donde ordene detener el uso de ayudas sociales para la compra de votos y dirigentes de la posición.
El presidente de la organización, Miguel Surun Hernández, recordó que el artículo 210 de la Ley 20-23, de régimen electoral prohíbe el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual, asegura, constituye una vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos.
Surun denunció que la Junta Central ha prohibido la entrega de las actas de escrutinio correspondiente al nivel de diputados, con lo cual abren las puertas a que se repita el fraude que, dice, ocurrió en febrero pasado con los regidores.
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