Algunos legisladores han reaccionado molestos por los recientes fallos del Tribunal Constitucional dejando sin efecto disposiciones de la Ley Electoral. Sus objeciones, sin embargo, no parecen disponer de suficientes argumentos convincentes que les sirvan de sustentación.
Los quejosos debieran partir de la base de que la legislación que mantuvieron dormida por espacio de varios lustros, fue aprobada luego a la carrera, bajo la presión del almanaque, y al parecer sin tomar en cuenta aspectos de la misma que los magistrados del Tribunal han calificado de violatorios a la Carta Magna.
Es un fallo inexcusable por parte de los congresistas, más si tomamos en cuenta que tanto el Senado como la Cámara de Diputados cuentan con un cuerpo de asesores, que al menos figuran en nómina, los cuales se supone debieron haber sido consultados al respecto.
Algunos de los artículos que han sido vetados por el Tribunal Constitucional son de un contenido aberrante y altamente cuestionable. Tal, como ejemplo, el de pretender blindarse a toda crítica imponiendo una mordaza a las redes sociales y limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión bajo amenaza de largas condenas de prisión, obviando la existencia de la ley vigente que lo regula, y en la que están establecidas las penalidades a quienes incurren en delitos de difamación e injuria.
Pretender por otra parte que para poder presentarse como precandidato es preciso militar en un partido o agrupación por un previo período de tiempo, es igualmente una franca violación al derecho elemental que asiste a todo ciudadano de elegir tanto como de aspirar a ser elegido de manera independiente.
El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad en la materia. Sus fallos son inapelables y vinculantes. Quienes lo conforman son juristas de probada experiencia y capacidad, con amplio conocimiento de la Carta Magna, lo que sirve de aval a los fallos que han emitido, a todas luces razonados, justificados y ajustados a su contenido.
Bien y mejor harían los señores legisladores que han externado quejas sobre sus recientes decisiones por comenzar de admitir sus errores al momento de elaborar la ley de partidos, consecuencia de la forma atropellada en que lo hicieron, donde han salido a relucir fallos y contradicciones al momento de su aplicación.
De esta experiencia que obliga ahora a la adopción de urgentes correctivos a fin de no entorpecer la buena marcha del proceso electoral, queda nuevamente en evidencia que necesitamos un Congreso más cuidadoso y exigente en el desempeño de la importante y prioritaria misión que le compete de estudiar, discutir y aprobar leyes que no violen preceptos de la Constitución ni los derechos fundamentales que consagra.
Con legisladores capaces cuenta, aunque lamentablemente hay otros que dejan bastante que desear.