Un servicio de la Procuraduría

El informe de un embargo de más de cien propiedades al senador Félix Bautista, algunas ubicadas en exclusivos sectores residenciales, con toda seguridad no pasará de ahí, como se dice popularmente, pero con ello la Procuraduría General de la República le ha brindado un inapreciable servicio a la lucha contra la corrupción poniendo de relieve  la magnitud que esta alcanzó durante las administración del hoy expresidente Leonel Fernández. Todos sabemos que en la sociedad dominicana se valora en función de lo que se posee, no importa cuál sea su origen, y esa es la razón del insólito debate sobre la legitimidad de esos bienes, obtenidos en un tiempo record y mientras se ejercían funciones públicas. En cualquier otro país, los datos de ese embargo  hubieran estremecido todos los cimientos de la justicia y de la sociedad, fenómeno que no hemos visto aparecer entre nosotros.

Que este dirigente político ostente un puesto en el Senado, la tercera posición en la jerarquía de su partido, del más decidido respaldo de su protector y de buena parte de la matrícula del Congreso nos revela, con la fuerza de un relámpago, el nivel a que hemos llegado en el campo de la actividad política. Prisionero como somos de una lastimosa impunidad que arrastramos desde los albores de la república, nada ocurrirá, a menos que un fiscal, primero, y un juez después, reivindiquen el papel de la justicia y le hagan honor a la responsabilidad que la nación puso en ellos como defensores de la decencia pública.

El problema radica en el control  intimidatorio y paralizante que ese sector del oficialismo posee sobre el poder judicial, lo cual actúa como una inmensa sombrilla de protección sobre un clan cuyo perverso paso por el poder empobreció moralmente al país y maniató a aquellos que aún dentro se esfuerzan por rescatar el honor y el espíritu de un partido fundado en un ideal social corrompido por el boato y la acumulación material.