A comienzos del año 2003, ante el alarmante auge a que había llegado la comercialización de medicamentos ilegales, falsificados, re-etiquetados y contrabandeados, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, en coordinación con las autoridades llevó a la práctica un programa de persecución de los mismos. Para entonces los medicamentos ilegales representaban hasta un treinta por ciento del volumen del mercado nacional.
Tres lustros mas tarde, la ARAPF da cuenta de los resultados arrojados por su exitosa implementación que para el pasado año había permitido reducir la comercialización ilegal de medicamentos a entre un 15 a un 18 por ciento, una baja considerable que justifica el esfuerzo realizado y los recursos invertidos.
Durante ese tiempo, el plan ejecutado conjuntamente por ARAPF y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA) ha logrado el decomiso de más de mil 200 millones de pesos en medicamentos ilegales. Todos los responsables han sido sometidos a la justicia, y si bien en los primeros tiempos hubo quejas justificadas sobre la escasa atención que algunos jueces prestaban a este tipo de delito y las sanciones tan leves que imponían, ya mas recientemente, de un tiempo a esta parte, los tribunales se han mostrado mucho mas estrictos e impuesto penas mas elevadas, incluyendo prisión a los responsables.
Fue precisamente por gestiones de ARAPF que cuando se estaba discutiendo el actual Código de Salud, se introdujo en el mismo un artículo que criminaliza la comercialización de medicamentos ilegales por los daños que puede causar a la salud de los usuarios, incluido el riesgo de muerte. Existe documentación de varios de estos casos. Las sanciones establecidas en el Código van desde elevadas multas a penas de prisión de hasta diez años.
Vale señalar que el problema representado por los medicamentos falsificados no es exclusivo de nuestro país. De hecho se considera que el mismo representa un comercio cuyo volumen pudiera alcanzar los 200 mil millones de dólares anuales, según datos aportados por el Instituto Internacional de Investigación contra la Falsificación de Medicamentos, que tiene su sede en Francia. Este organismo estima que uno de cada diez medicamentos que se expenden en el mundo tiene un origen ilícito.
El éxito alcanzado en la tenaz campaña de ARAPF y PEDECSA contra los medicamentos falsificados comporta además una importante lección, y es la de los resultados positivos que se derivan del trabajo conjunto cuando el sector privado y las autoridades se ponen en sintonía y armonizan sus esfuerzos. Es un ejemplo que bien pudieran ensayar otros sectores de la economía que resultan fuertemente afectados por grupos mafiosos, principalmente mediante el contrabando.
Al final los resultados como demuestra el programa de ARAPF retribuyen el esfuerzo y compensan la inversión.