Ha sido correcta la decisión del pleno de la Suprema Corte que admitió un recurso de casación de Hipólito Mejía sobre una sentencia rechazando su demanda por difamación contra el senador Wilton Guerrero y el director de un periódico que publicó una crónica con declaraciones del legislador acusando al ex Presidente de haber viajado a México en un avión cuyo piloto sería empleado de un narcotraficante.
La decisión, según reportes de prensa, fue por mayoría de votos sin participación del presidente de la Corte, quien había dado la decisión anterior rechazando la demanda por difamación. Queda así sin efecto la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, que hace responsables a los directores de medios por publicar declaraciones de terceros que sean difamatorias. Ahora, el recurso del ex presidente Mejía contra el senador y el periodista será conocido por la Suprema Corte.
El senador del PLD por Peravia dijo durante la campaña electoral que Mejía supuestamente habría viajado a Sinaloa con un piloto vinculado a un narcotraficante. Esas declaraciones, sin ningún fundamento conocido públicamente, fueron difundidas por el director del periódico, dando carácter de difamación a las declaraciones del legislador.
El delito, según han explicado expertos y consta en los textos legales, no es que el senador diga cualquier disparate, sino que el director de un medio –que debe ser responsable de cuanto publique- le de acogida y difunda la especie, cuya publicidad es la que constituye la difamación aun cuando la afirmación sea del senador.
Excusar irresponsablemente al director es un absurdo. Por ejemplo –sin que necesariamente me refiera al imputado en este caso- se trata de aplicar el mismo criterio periodístico o editorial que ejercería al decidir publicar o no que algún legislador diga que él ha medrado bajo el poder de funcionarios auto-exiliados por sus cuentas con la justicia o que en sus fincas funcionarios gubernamentales le han construido pozos o caminos sin cobrarle.
Fuese o no verdad la imputación, la voluntad del director determina la publicación o no de semejante denuncia, en este caso hipotética para fines del ejemplo. Permitir que cualquier medio publique lo que mejor le parezca sin apego a la decencia humana y al canon legal atenta tanto o más contra la libertad de expresión que condenar a un culpable por difamación.
Además, don Hipólito –como todo ciudadano- tiene derecho a su honra.
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