El presidente de la Asociación de Hoteleros de Santo Domingo ha admitido que tal como reveló el Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, los mismos carecen de plantas de tratamiento de las aguas residuales. Francisco Domínguez Brito, titular de esa cartera, informó que se ha concedido un plazo terminante hasta mediados del próximo año para la instalación de las mismas, bajo advertencia de cierre en caso de incumplimiento.
Es el mismo plazo e igual advertencia que hizo al centenar y medio de empresas que, por tantos años, han estado arrojando sus aguas residuales en los ríos La Isabela y Ozama, contribuyendo a sus elevados niveles de contaminación. Tal como advirtió el propio Domínguez Brito, se encuentran tan degradados que por más esfuerzos que se hagan solo serán parcialmente rescatables, sin que sus caudales puedan ser ya utilizados en el futuro para fines de consumo y uso humano.
No es, sin embargo, una situación que se limite a los casos señalados. La explosión demográfica e inmobiliaria que se ha registrado en Santo Domingo en los últimos tres o cuatro lustros en el marco de un desarrollo caótico, carente de adecuadas regulaciones y sin previsión ni el debido control ha sido de tal naturaleza que se ha registrado una creciente y continua filtración contaminante de las aguas negras a través del subsuelo convertido en una verdadera “bomba de tiempo”, la cual pudiera estallar en el momento menos esperado.
Algo similar ocurre con el obsoleto vertedero de Duquesa que a la contaminación producida por los miles de toneladas de basura que recibe diariamente a cielo abierto, suma la filtración de sus aguas de desecho al cinturón de los los terrenos adyacentes que lo circundan.
La voz de alerta sobre los riesgos de ambas situaciones ha sido una constante expresada a través del tiempo y por distintos medios por el destacado geólogo y ambientalista, Osiris de León, tanto como por la siempre vigilante Academia de Ciencias. Ambos advierten sobre el peligro que entrañan para la salud y la vida de los habitantes de la capital, en caso de que se produzca el estallido de esa “bomba de tiempo”, lo que provocaría un brote epidémico de grandes proporciones, muy complejo, dilatado y costoso en vidas, esfuerzos y recursos de controlar.
De León ha llamado la atención sobre la urgente necesidad de disponer de suficientes plantas de tratamiento de aguas residuales a fin de poder prevenir una situación que pudiera convertirse en catastrófica. Al presente, la CAASD tiene en proceso avanzado de construcción una planta, en las cercanías del Ozama, que daría esa cobertura de servicio y protección a un área poblada por unos seiscientos mil habitantes. El resto, sin embargo, continuará en estado de orfandad y alto riesgo si no se empiezan a adoptar medidas inmediatas de prevención.
Por otra parte, a la carencia de plantas en los hoteles, hay que sumar todos esos empinados edificios que se levantan en la Anacaona, frente al parque Mirador Sur, y muchas otras edificaciones ya para albergar viviendas, oficinas o negocios que se encuentran en la misma situación y forman parte, ahora mismo, de esa condición de alto riesgo, y a los que es preciso incluir en la medida de apremio. En todos los casos, tanto por interés colectivo como por el de sus ocupantes, hay que requerirles la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando las epidemias se desatan no traen una agenda con nombres propios.
Y en lo adelante, para prevenir que la situación continúe agravándose, tanto Obras Públicas como el Ayuntamiento pudieran supeditar el otorgamiento de licencias de construcción y operación de todo inmueble, empresa o negocio, dependiendo de su importancia, a la inclusión en sus respectivos proyectos de plantas purificadoras y cualquier otro requisito medioambiental.
De por medio están en juego la calidad de vida y la propia vida de más de tres millones y tantos de seres humanos que pueblan el Gran Santo Domingo.