A comienzos de semana se dio a la luz pública el informe de UNICEF poniendo al desnudo las elevadas cifras que registra el país en mortalidad infantil, en particular neo-natal y de madres parturientas, así como de matrimonios y uniones extramatrimoniales antes de los 18 y 15 años, donde ocupamos los primeros lugares en la región y el continente.
Ahora, casi a renglón seguido, con motivo de mediar treinta años de que se aprobara y diera a conocer la Convención sobre los Derechos del Niño, la Coalición ONG por la Infancia llaman la atención del Estado y de toda la sociedad sobre lo que califican con sobradas razones y apoyo de contundentes estadísticas la elevada deuda social que seguimos arrastrando en este sentido.
Integrada por más de veinticinco asociaciones de la sociedad civil que comparten similar preocupación por el destino de la niñez dominicana, la Coalición cuantifica el impresionante alcance de la deuda. Los datos no pueden ser más reveladores. Veamos.
La mortalidad infantil se sitúa en 23 decesos por cada mil niños nacidos vivos antes de alcanzar los 28 días, una tasa que según expresa nos coloca en el mismo nivel de los países africanos, el continente más carenciado del mundo. La desnutrición infantil crónica, es decir persistente, si bien ha registrado alguna mejoría, todavía se sitúa en un 7 por ciento, o sea, afectando a siete de cada cien niños.
Esto es solo parte de un panorama mucho más amplio que incluye el hecho de que una cuarta parte de la población, cerca de tres millones de habitantes, incluyendo los niños, carece de acceso al agua, lo que nos sitúa dentro de este ranking negativo en el puesto diez de once países evaluados en la región y el continente. En el rango de 12 a 23 meses de edad, el esquema completo de vacunación infantil para prevenir enfermedades infecciosas alcanza apenas al 53 por ciento, escasamente poco más de la mitad del total.
Uno de los más serios problemas que afecta a nuestra niñez y en no pocos casos deforma su normal proceso de educación y futuro comportamiento en la edad adulta es la violencia intrafamiliar, que se manifiesta en mayor medida en los castigos físicos y emocionales que sufren como medidas disciplinarias que tiene lugar en un 63 por ciento de los hogares. Es igualmente elevada la tasa de casos de abuso sexual, que afecta sobre todo a las niñas en ocho de cada diez.
Pese al mayor interés puesto en la educación a partir de la aplicación del cuatro por ciento, todavía alrededor de medio millón de niños de ambos sexos siguen al margen del sistema escolar. Y no obstante estar expresamente prohibido y penalizado el trabajo infantil, un trece por ciento realiza distintas labores, en algunos casos propias de adultos, en vez de asistir a las aulas.
Si bien la Coalición reconoce que en el país se han hecho algunos avances en materia de garantizar los derechos de la niñez, todavía mostramos un serio rezago y una cuantiosa deuda reflejada en los anteriores datos. Estos nos muestran una realidad que estremece y motiva a profunda preocupación, urgida de apremiante solución. Un desafío que como consignamos antes corresponde enfrentar y compromete por igual la responsabilidad del gobierno y de la sociedad en conjunto.
Lo es tanto por elemental sentido humanitario como por garantía de estabilidad social e institucional.