Washington.- González contra Google. El nombre del caso que examinó este martes el Supremo estadounidense enfrentó a la familia de una joven asesinada por el Estado Islámico contra la plataforma de internet, a la que la madre y el padrastro de la chica dijeron no tenerle miedo: «Nos sentimos confiados».
«Nos sentimos muy positivos y solamente queremos justicia, no solamente para nuestra familia, sino para todas las familias que han sufrido una pérdida», dijo Beatriz González, madre de Nohemi, a la salida de la vista oral en Washington.
Su hija fue asesinada en los atentados de noviembre de 2015 perpetrados por el grupo Estado Islámico (EI) en París, que mataron en total a 130 personas.
La demanda culpabiliza a Google al considerar que, a través de Youtube, permitió al EI colgar videos que incitaban a la violencia y a unirse al grupo, además de recomendar a sus usuarios grabaciones de los yihadistas a través de un algoritmo que identificó a posibles interesados.
El caso examina por primera vez hasta qué punto las plataformas pueden ser responsabilizadas de las recomendaciones que sus algoritmos hacen de material de terceras partes y podría tener en última instancia la capacidad de cambiar la configuración actual de internet.
Pero los demandantes no temen enfrentarse al gigante tecnológico. «Si hubiéramos pensado en miedo no hubiéramos estado aquí, porque sabemos que esto puede cambiar las redes sociales. Nohemi va a ser un cambio en todo esto», apuntó a la prensa José Hernández, padrastro de la joven.
Ella había ido a estudiar a la capital francesa y fue víctima del ataque en el restaurante La Belle Équipe.
«La recuerdo con mucho orgullo, siempre se mantenía en movimiento, siempre iba hacia adelante. Era una joven mujer independiente, autosuficiente. No fue justo que a los 23 años le cortaran su vida», señaló Beatriz, de origen mexicano.
En su opinión, es necesario un cambio: «Se está buscando que se cambie la manera en que la información se mueve tan fácilmente en las redes sociales. Es muy fácil hacer agrupaciones, compartir comunicación. Debe estar más monitoreado no solamente con los terroristas, sino con todo tipo de actividades delictivas».
Su marido coincide. La decisión del Supremo, de mayoría conservadora, no se conocerá hasta dentro de meses, pero el matrimonio mantiene la esperanza de que cuando llegue será «algo bueno».
«Esperemos que lo cambie todo, por eso venimos aquí, para que la Corte Suprema haga justicia en el dolor que estamos pasando. Estamos aquí para el cambio de las redes sociales, para que dejen de enseñar todo lo que es terrorismo. Desgraciadamente es un caso muy importante», añadió Hernández.
En su punto de mira está la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, aprobada en 1996, cuando internet se encontraba en sus albores.
Esa regulación blinda a las plataformas frente a las demandas que las tratan como responsables de la información suministrada por otra fuente, pero está en el aire determinar si pueden ser culpadas por sus recomendaciones.
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