Unir las elecciones

De ellas depende dar un sólido asiento a la institucionalidad a la vez que servir de soporte a la sostenibilidad del sistema político democrático por el cual nos regimos, y pese a cuyos defectos y errores sigue siendo la opción preferible  como sistema de gobierno.

Ante la previsible realidad de los múltiples contratiempos y perjuicios que pudieran derivarse de mantener la actual convocatoria de elecciones separadas pero con muy estrecho margen de tiempo entre una y otra, se escucha una mayor cantidad de opiniones representativas de los diversos litorales políticos y privados abogando por la urgente modificación constitucional que permita unificar las mismas.

Es una propuesta que cobra fuerza y que está sustentada por argumentos sólidos  y difíciles de rebatir, los cuales deben ser tomados en cuenta a la mayor brevedad posible dada la cortedad del tiempo de que se dispone para corregir lo que a todas luces fue un error de imprevisión.

Las objeciones iniciales fueron de carácter económico al hacer notar el sobrecosto innecesario en que se estaría incurriendo con la separación de ambos eventos.  Con la unificación se estima que el ahorro a lograrse pudiera superar los dos mil millones de pesos.

Adicionalmente el hecho de efectuar dos elecciones que involucrarían a  todo el electorado a nivel nacional, y que pudieran ser tres en caso de una segunda vuelta, en apenas el segundo trimestre del venidero 2020, que con los aprestos previos y posteriores prácticamente terminarían por abarcar la totalidad del año afectaría de manera sensible todas las actividades productivas y sociales del país absorbidas por los fervores  y pasiones  que siempre despierta el partidarismo político.

Más aún.  Sobrada experiencia permite predecir sin temor a equivocarse que como consecuencia de las elecciones congresuales y  municipales, donde más de veinte mil candidatos se disputarán a sangre y fuego alrededor de cinco mil posiciones electivas y dada la tradicional cultura de nuestra clase política donde no existe margen para la derrota sino para la acusación de fraude, el Tribunal Superior Electoral se vería abrumado de un volumen de impugnaciones de magnitud sin precedentes de imposible fallo antes de las elecciones presidenciales.

Cabe también la posibilidad, como advierte en su Ante Meridiano de hoy en Diario Libre, su director Adriano Miguel Tejada de que al mediar tan corto espacio de tiempo entre una elección y otra, se diluya la posibilidad de  hacer de  las primeras  un voto de censura,  y de hecho convertirse en un voto de arrastre.   Vale recordar que Adriano Miguel es un reconocido abogado constitucionalista, y de hecho figuró en el escogido grupo de quienes fueron seleccionados para elaborar el pre-proyecto de la Constitución vigente.

A la luz de las objeciones que están saliendo a la luz sobre la celebración de las elecciones separadas con  tan corto espacio  de tiempo entre una y otra, el tema debiera ser abordado sin mayor dilación, en vez de cómo ya resulta costumbre dejar que el tiempo transcurra y luego bajo la presión del calendario tomar decisiones precipitadas. Buen ejemplo son los fallos, contradicciones y lagunas de la ley de partidos sometidos a corrección por vía judicial después de haberse aprobado de forma atropellada al cabo de tantos años de haberla mantenido durmiendo en el Congreso.

El tema, insistimos, es de suma importancia, en tanto tenemos que salvar todos los escollos de aquí a las elecciones, evitando dar pasos en falso y  evitando todos los inconvenientes que impidan celebrar unas elecciones ordenadas, participativas y transparentes y cuyos resultados sean de general acogida.

De ellas depende dar un sólido asiento a la institucionalidad a la vez que servir de soporte a la sostenibilidad del sistema político democrático por el cual nos regimos, y pese a cuyos defectos y errores sigue siendo la opción preferible  como sistema de gobierno.