La reforma a la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social es no solo necesaria sino urgente, y a pesar de lo difícil que podría ser realizarla por los múltiples intereses envueltos, así como por la extensión de las aspiraciones, nuestras autoridades deberían comprender que el costo de seguir postergándola es mucho mayor, del que asumirían por hacerla.
Los efectos de la crisis sanitaria mundial y de la crisis económica derivada de esta en todas partes del mundo, agravada por la invasión rusa a Ucrania, acrecentaron la necesidad de participación del Estado en ayudas y programas sociales, sin embargo, una de las mejores vías para atender las necesidades de la población sería mejorar el sistema de salud, lo que necesariamente implica realizar las correcciones necesarias en el sistema de seguridad social.
El actual Congreso asumió como una de sus prioridades la modificación integral de la Ley 87-01 y desde hace más de un año la comisión bicameral designada por este se ha reunido con todos los sectores y ha informado haber concluido prácticamente sus trabajos, aunque recientemente el presidente de la Cámara de Diputados señaló que han decidido esperar la conclusión del diálogo que se desarrolla a lo interno del Consejo Económico y Social (CES), a la vez que pidió entender que ha llegado el momento de sentarse y producir la reforma de la Ley de Seguridad Social, porque con la actual ley no habrá desarrollo.
Aunque algunos alegan que esta reforma no está en la lista de prioridades del gobierno, y otros temen que al igual que otras enviadas a discusión en el CES podría quedarse en un letargo y no pasar de un simple catálogo de consensos y disensos, la vía correcta para alcanzarla es el continuo seguimiento a su discusión y no cesar los reclamos de que se produzca, pues las prioridades solo serán tales en la medida en que la propia ciudadanía haga sentir a las autoridades que lo son.
Son muchos los aspectos de la ley vigente que debieron haberse implementado y que continúan siendo letras muertas, y no requieren de una reforma, pero sin lugar a dudas el incumplimiento del mandato de acceso a las atenciones de salud a través de la atención primaria es el que más ha afectado nuestro sistema, no solo porque las políticas deben estar centradas en mejorar la eficiencia de la atención de salud sino porque la mejor inversión es la que se hace en prevención, pues se ha demostrado que la prestación de servicios de diagnóstico y de tratamiento oportunos previenen el deterioro de la salud o las complicaciones en personas enfermas, lo que contribuye a contener el gasto en salud, al reducir o evitar atenciones en emergencias y hospitalizaciones.
La limitada cobertura del catálogo de prestaciones de servicios es cada vez más resentida por los afiliados, y aunque el aumento voluntario realizado por SENASA a la cobertura por enfermedades catastróficas es un paliativo para sus afiliados y una presión para que sea incrementada por las demás Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la realidad es que cada vez más aumenta el gasto para los afiliados que no tienen planes complementarios privilegiados forzados a pagar diferencias y copagos, y a recurrir a ayuda estatal para tratamientos de alto costo. Además de que son víctimas de la ausencia de servicios cada vez que el gremio médico convoca a una huelga para que las ARS aumenten sus tarifas como han vuelto a anunciar harán, mientras el comité de honorarios profesionales establecido en la Ley 87-01 continúa sin funcionar, a más de veinte años de su aprobación y quince del inicio del Seguro Familiar de Salud.
Es inmensa la magnitud del reto que significa hacer esta reforma con niveles adecuados de racionalidad, pero sin desmayar en decidir y ejecutar todo lo que sea racional y justificado hacer por temores o complacencias. Nuestras autoridades y todos los actores del sistema deben comprender que lo más conveniente es hacer esta reforma oportuna y adecuadamente, y no esperar a que la inercia o falta de voluntad en efectuarla se traduzca en disturbios sociales como ha sucedido en otras partes de Latinoamérica, que hagan proliferar propuestas populistas o que la conviertan en un instrumento utilizado para definir cambios en el tablero político.
