ROMA.- Los italianos de más de 50 años no vacunados serán multados con 100 euros y quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido el pinchazo recibirán sanciones de entre 600 a 1.500 euros, mientras que por acceder a las tiendas sin al menos presentar una prueba anticovid habrá que pagar hasta 1.000 euros, según las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno.
Las sanciones incluidas en el nuevo decreto ley del Consejo de Ministros, dadas a conocer en las últimas horas, incluyen multas de 100 euros, a partir del 1 de febrero, para los mayores de 50 no vacunados impuestas por la Administración, que revisará los datos del registro de vacunación.
Por su parte, los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde el 15 de febrero su certificado sanitario reforzado (que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad), para acceder a sus puestos de trabajo. En caso de no tenerlo, recibirán sanciones de entre 600 y 1.500 euros.
Ante la avalancha de contagios, el Gobierno, además, extendió la obligación de vacunación al personal universitario, con independencia de su edad, equiparándolo así al personal escolar, que ya lo tiene que hacer desde mediados de diciembre, al igual que el personal sanitario y de seguridad.
Los controles serán realizados por los empleadores en el caso de las empresas públicas y privadas, mientras que en los juzgados corresponderá a los responsables de seguridad, y en las universidades a los directores del centro.
Quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por no poseer el certificado de vacunación serán suspendidos sin remuneración, pero no recibirán una sanción, y tendrán derecho a conservar su puesto de trabajo hasta que estén vacunados, aunque la empresa, después de cinco días, podrá sustituirlos.
El decreto ley también impone nuevas restricciones como la obligatoriedad a partir del 10 de enero del pasaporte sanitario reforzado para los medios de transporte públicos, además de a hoteles, ceremonias o festivales; mientras que por ahora se pide en el ocio y la restauración.
Asimismo, a partir del 1 de febrero, el pasaporte básico (que incluye la posibilidad de una prueba anticovid) será obligatorio para acceder a las tiendas que no sean de alimentación o farmacias -los dos únicos casos que seguirán siendo de acceso libre-, los bancos, las oficinas de correos y las oficinas públicas.
En caso de acceder a estos servicios sin el pasaporte, se impondrán sanciones de entre 400 a 1.000 euros.
Este paquete de sanciones es un nuevo impulso del gobierno de Mario Draghi para impulsar la vacunación en el país, que tiene un 89,22 % de los mayores de 12 años con al menos una dosis suministrada, y frenar la curva de contagios, que ayer sumó 219.441 nuevos positivos.