Consideremos el plan de seguridad pública dentro del Programa General de Seguridad de todo el Estado, donde las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público, la Judicatura y los Organismos de Seguridad, tanto los nacionales como los internacionales, aunque naveguen en naves distintas, nadan en el mismo mar.
Vivimos con el “laboratorio” y la finca de los Buitrago, y con las ejecuciones de Yaguate una verdadera Melée investigativa, procesal y política. Es que la policía y el Ministerio Público mezclaron, sin ningún orden y, sin ningún acierto, evidencias de diferentes procedencias con teorías investigativas carentes de garantías democráticas y políticas.
Distinguir entre la ética de la dignidad y la ética de la supervivencia ha sido la gran paradoja del Ministerio Público y de la policía, en todas sus actuaciones dentro del plan de seguridad. Púes sus actuaciones y acciones obedecen al sectarismo y a la necesidad de inmunidad, que ambos estamentos tienen.
Prefieren las artimañas en estos hiatos, abrumados por su propia coacción policial y política. Así ocultan las implicaciones del poder político y social en estos episodios de violencia, delincuencia y criminalidad organizada. Argumentan y ofrecen un cúmulo de razones en cada uno de estos casos, y escogen la formulación más contundente, con el objetivo de sosegar el horror y la desconfianza pública; pero por su incapacidad para razonar, niegan con sus actos procesales lo que sus hipótesis pretenden demostrar.
Infamar a las personas después de muerta es la estrategia más indecente de las autoridades, pero es peor, hacerlo con ciudadanos vivos, aunque ahora se prohíbe, por enésima vez, la publicación fotográfica o digital de los inculpados. Los Buitrago dirigían el “Más sofisticado laboratorio de Drogas del Caribe” y Copelín formaba una red de sicariato juvenil. ¿Dónde están las pruebas y las evidencias corroboradas y refutadas de estas declaraciones?
Demuestran las autoridades su máxima degradación objetiva cuando, además de darse cuenta de su sectarismo y de su implicación en estos oprobios, se transforman en cómplices y soporte de estos gabinetes criminales del poder político y social. Es su obediencia acrítica a este sistema político y su afán de quedar impunes, lo que les lleva, al Ministerio Público y a la Policía, a cometer estos errores injustificables en sus investigaciones y procedimientos penales.
Piensan que todo operativo penal es un botín posible, puesto que el uso de poder directo les libera de toda norma para conseguir sus fines. Así vino el desconcierto de la Dirección Central Anti-Narcótico de la Policía y su intromisión en el caso de José Calderón Rijo, La Araña, en la finca de Sabana Toro, San Cristóbal. Hablaban del famoso laboratorio, sin explicar la operación de lavado, por medio de la cual una doméstica, sin ningún arraigo económico, era la “Dueña titular” de una finca de RD$13 millones de pesos.
Explicar esta maraña de intereses y de complicidades institucionales públicas y privadas es muy difícil. Justificar la libertad y autodeterminación de Copelín, un sicario de la Romana, quien organizaba bandas de sicarios juveniles a nivel nacional, en las narices de las autoridades, es suficiente para descubrir el colapso del plan de seguridad.