SANTO DOMINGO.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reiteró este martes que el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, destruyó cientos de evidencia que lo implicaban durante su gestión.
Las palabras de la magistrada Reynoso surgen durante la apelación del imputado Rodríguez, quien busca libertad pura y simple.
Mientras en el día de ayer, los familiares de Rodríguez sometieron una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “ante las constantes violaciones a los derechos humanos” del exfuncionario y en busca de resguardar la integridad física y vida del imputado.
La solicitud fue sometida a través del apoderamiento del abogado Juan Carlos Gutiérrez.
“La petición busca evitar que se consuma un daño de naturaleza irreparable y preservar, por lo tanto, el ejercicio de los derechos humanos del exprocurador general”, detalla la defensa de Rodríguez en nota de prensa.
Además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, figuran como imputados en el caso Medusa Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según la acusación del Ministerio Público, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.
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