SANTO DOMINGO. – El senador Yvan Lorenzo, dijo este lunes que el “Ministerio Público se siente acorralado y reacciona de manera intimidatoria con la clase periodística dominicana”, tras los cometarios que han surgido sobre los acuerdos a los imputados en el caso Calamar.
Dijo que actualmente se están viendo y cosechando los desaciertos de la ley del DNI y de un Ministerio Público acorralado que quiere intimidar a la prensa Nacional.
“Nosotros para la sección de mañana vamos a someter una resolución que busca invitar a la honorable señora procuradora general de la república, doña Miriam Germán Brito”, dijo el senador.
Lorenzo mencionó que la invitación de Germán Brito es para que ella explique al pleno senatorial todo lo que ella ha dicho sobre el comunicado que está circulando en los medios de comunicación.
“Nosotros como abogados de más de 30 años de ejercicio debemos decirle al país, que estos acuerdos se hicieron al margen de lo que establece la normativa procesal penal”, expresó.
Mencionó que no entiende la razón de por qué el órgano persecutor reaccionó de manera intimidante las acusaciones por parte de algunos periodistas dominicanos.
Comentó que este “Gobierno ha sido intolerante y lo evidencia el hecho de aprobar una ley que quiere y ha cercenado la libre expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana”.
“Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”, dice el comunicado.
Aclaró que los acuerdos se realizan en todas las materias, amparados en la normativa procesal penal.
La misiva menciona que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado que se apliquen las soluciones alternas al proceso penal.
Explica que esa práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio, sobre todo en materia de criminalidad.