La perversidad política que en materia institucional encierra la Constitución de Leonel Fernández y sus asesores españoles, no ha sido captada por una gran parte de esta sociedad en su real significado.
A raíz del debate sobre la “nueva” Constitución tuvo bastante proyección lo del artículo 30, la privatización de las playas y la “poda” de los derechos colectivos. Pero no así las soldaduras inter-institucionales o inter-poderes del Estado destinada a asaltar un conjunto de instituciones desde el Palacio Nacional y el Senado.
El Senado, con más poderes que en la constitución balaguerista, decide la composición del Consejo de la Magistratura (Suprema Corte y la cadena de tribunales), del Tribunal Electoral, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional y de la Cámara de Cuentas. Y se convirtió en la presa más codiciada del leonelismo.
Por eso una vez aprobada esa Constitución, el Poder Ejecutivo, con más atributos que antes y con un enorme poder corruptor-sobornador, se dedicó de manera especial a controlar aplastantemente el Senado a través de la manipulación de las pasadas elecciones de medio tiempo.
Antes de dar ese paso el presidente Fernández tenía bien sujetadas, con fuertes amarres por arriba, las Fuerzas Armadas(FFAA), la Policía Nacional (PN), la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y la Direcciones Nacional Antidrogas (DNCD); todo esto ejecutado a base de concesiones en el campo de la alta corrupción tradicional (manejo de fronteras terrestres y marítimas, suministros, sobornos empresariales, uso privado de efectivos militares, sustracción parcial del presupuesto, protección a intereses privados con extorsión, apropiación de bienes públicos, exoneraciones. . . ) y a través de la narco-corrupción en grande.
Las alcancías presidenciales abundan en puntos claves de la FFAA.
La DNCD se ha convertido en el cártel de los cárteles civiles de la droga.
La PN es una enorme organización gansteril.
La DNI es un instrumento de variadas formas de corrupción bajo protección del poder ejecutivo.
El Presidente dirige por mandato constitucional el aparato del gobierno central (gabinete, ministerios y demás dependencias directas del quehacer palaciego), y lo hace y lo usa con gran sentido clientelista contando con innumerables formas de recaudación extra-legal para el partido-Estado, para sus componentes de alto nivel y para sus continuas campañas electorales y sus nichos financieros; incluyendo la captura de innumerables medios de comunicación traspasado al Estado después de las quiebras bancarias y/o comprado al sector privado y al Estado con dinero sucio a través de testaferros.
Los cárteles de la construcción conectados con sus “Partners” gubernamentales en el Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Supervisoras de Obras del Estado, loa CAASD, el INDRI, el INAPA, el Ministerio del METRO de Santo Domingo. . . se han constituido en grandes fuentes de recursos para las prácticas de soborno, alimento de clientelas y enriquecimientos personales.
El presupuesto nacional, manejado al antojo del presidente, y los recursos extraordinarios que reportan la corrupción y la narco-corrupción (cada vez mas potenciadas), no solo le permiten al Ejecutivo llevar las prácticas clientelista (antes y durante las elecciones) a niveles sin precedentes, sino además “derramar” una parte de esos recursos en el Congreso y en los mecanismos electos por él, así como sobornar por vía extra-legal a gran parte de sus integrantes y comprar a los/as que inicialmente no se le subordinan o ponen precios más elevados.
Igual pasa con la relación entre la Presidencia de la República y el gran empresariado criollo y extranjero: el tráfico de influencia, las conexiones y las asociaciones con una parte significativa de esos componentes del poder permanente son altamente rentables en materia de poder político, económico y mediático.
De esa alianza inescrupulosa se derivan co- participaciones en grandes negocios y aportes sustanciales a las campañas.
El modelo de relación entre poder político y empresa privada se reproduce en forma piramidal en las gestiones del gobierno central, Congreso, alcandías y cuerpos castrenses; ahora con un fuerte sello morado.
ESTADO FUNDIDO Y CRUZADO POR UN SISTEMA DE CORRUPCIÓN
El resultado de todo esto es un sistema de corrupción de Estado acompañado de una institucionalidad cada vez más fusionada y conducida verticalmente desde el centro del poder estatal.
El centro hace las veces de una de monarquía republicana y moderna, astutamente dirigida por un monarca o caudillo readecuado a los nuevos tiempos y dotado de un enorme y eficaz aparato publicitario.
Las fronteras entre los “poderes independientes” del supuesto Estado democrático-liberal-representativo se esfuman cada vez más. La “separación de poderes” se torna una ficción y se emplea solo como formalidad.
El neo-caudillo gravita intensamente sobre las fuerzas “opositoras” enmarcadas dentro de la dinámica del sistema neo-trujillista y neo-liberal; las cuales tienen la misma esencia, no se diferencian en lo fundamental del conjunto oficialista, no asumen otros métodos y, por demás, activan con menos eficacia y más divididas.
El poder local opera además subordinado al dominio imperial con la lógica del capitalismo-dependiente periférico, atado a la globalización neoliberal, que material y “filosóficamente” estimula en los hechos los procesos autoritarios, la acumulación acelerada de capitales por vías legales e ilegales, el auge de las cleptocracias y de las narco-mafias estatales.
En ese contexto Leonel Fernández aspira a reelegirse personalmente si las condiciones no se tornan en extremo adversas a esa pretensión; o a darle continuidad a “su” poder sobre las demás instituciones en caso que estime improcedente lanzar su candidatura.
La re-postulación de hecho e indirecta es un “globo de ensayo”, que antes de ser formalmente decidida y anunciada, el leonelismo procurará legalizar; ya sea a través de “reforma constitucional” (para lo que solo hace falta comprar un paquetito de diputados) o a través de una sentencia del nuevo Tribunal Constitucional en el contexto de una artificiosa controversia sobre su pertinencia constitucional.
De todas Leonel Fernández tiene garantizado por seis años el control del poder legislativo, la Cámara de Cuentas (garantía de impunidad), el sistema judicial (más garantía impunidad), el Tribunal Constitucional y el sistema electoral; lo cual le otorga poder de Estado para manejar a su favor cualquier cambio obligado en otras esferas, incluyendo las del poder ejecutivo y del poder militar-policial, de manera que no le sean sustancialmente adversas.
El “globo de ensayo” de la re-postulación le sirve además para medir la viabilidad de esa opción, construirla y lanzarla oficialmente, siempre que logre superar impedimentos y evitar traumas mayores.
ESTADO NO DEMOCRATIZABLE
Esta realidad nos remite a algo sumamente trascendente: el Estado y el poder conformado no son democratizables desde dentro de esta institucionalidad. Su evolución ha sido para peor: para más corrupción y perversión política, para más delincuencia, para más concentración del poder imperial, oligárquico y partidocrático.
Las reformas han sido más bien contra-reformas. Las cuotas disidentes son cada vez más maleables o intrascendentes.
Las elecciones tal y como están normadas por sí solas no sirven para producir un gran viraje.
Esta institucionalidad precisa ser confrontada y estremecida por grandes acciones y movilizaciones desde fuera y desde abajo.
Este Estado compactado, corrompido y cerrado por el orden constitucional vigente y por el sistema político clientelista, debe ser resquebrajado y colocado a la defensiva por un creciente movimiento de desobediencia civil y movilizaciones presionantes.
Este Estado, generador y garante de brutales procesos de empobrecimiento de seres humanos y naturaleza toda, no debe ser soportado indefinidamente.
La acción extra institucional en gran escala es necesaria para romper el círculo vicioso electoralista y ejercer el derecho a la revocación de presidentes y funcionarios “electos” por otras vías democráticas que también podrían conducir al voto pero en condiciones distintas.
La realidad política-institución dominicana es mucho más parecida a la venezolana, ecuatoriana y boliviana que a la brasileña y uruguaya, y recordemos que para que en esos países pudieran producirse cambios electorales en dirección a nuevos modelos y sistemas políticos-institucionales democráticos, fue necesario debilitar con acciones de calle el viejo orden establecido. Esta Constitución, disque nueva, es vieja y conservadora en extremo.
Esta institucionalidad está cerrada, viciada y podrida.
El desafío es combatirla en todas los terrenos para superarla desde un contrapoder abrazado a una propuesta de Constituyente Popular y de sociedad post-neoliberal, justa, soberana y solidaria.