SANTO DOMINGO.- La propuesta de que el país precisa ajustar las normativas en la generación de paneles solares, por el economista Magín Díaz, ha generado debate. Díaz plantea que la tendencia dominante en la mayoría de los países es actualmente cambiar el régimen tarifario; mientras asociaciones opinan que la normativa actual representa un ahorro para las finanzas del Estado, y aportan a la propuesta de lograr una transición energética en el país.
¿Quiénes están a favor?
La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer)
La Asociación de Empresas de Energía Renovable (Aseefeer)
El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco)
El Centro Juan XXIII (CXXIII)
1- Asofer y Aseefeer: las entidades coincidieron en que los problemas del sector distribución no los ocasiona la generación distribuida, más bien ayudan a reducir las pérdidas técnicas en los conductores de media y baja tensión en un 36 %”.
2- Onpeco: fundamenta su planteamiento en que la energía solar, constituye una ventaja económica y un beneficio para los consumidores, por lo que resulta imperativo aumentar los incentivos para la energía renovable.
3- CXXIII: manifiesta que los usuarios de energía eléctrica tienen el derecho de acceder al uso de un sistema de generación renovable como son los paneles solares, ya sea para autoabastecerse total o parcialmente, por lo que defienden el derecho de los usuarios a utilizarla.
¿Quiénes han expresado preocupación por la situación vigente?
La firma Ecomod Business Consulting, liderada por el economista Magín Díaz
Mario Méndez, editor de la sección de Economía del periódico HOY
1- Ecomod elaboró el estudio “Paneles Solares en los Sistemas Eléctricos», en el que advierte que «por falta de una normativa eficaz, los paneles solares han representado un costo significativo para las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs), alcanzando alrededor de US$90 millones anuales en 2023, debido principalmente al autoconsumo, la falta de un cargo por potencia adecuado para los usuarios y una sobrecompensación por la energía inyectada al sistema».
Además advierten que los incentivos tributarios actuales para los paneles solares en solución individual, incluidas exoneraciones de impuestos a la importación y créditos fiscales, han representado un costo aproximado de US$250 millones en la última década para el Estado y los contribuyentes.
2- En tanto que el periodista Méndez sostuvo que los incentivos tienen sus riesgos y hay que evitarlos o aminorarlos, y que además pueden ser una carga para las finanzas del Gobierno y provocar un desequilibrio en el mercado.
Planta que «es de rigor que la regulación de la energía distribuida, que tiene un costo para las distribuidoras, sea monitorizada y se pueda mantener un punto de equilibrio entre la sostenibilidad ambiental que se busca obtener con los incentivos a esta fuente de energía renovable y la sostenibilidad financiera del sector eléctrico».
