Aplazan para el 24 de noviembre lectura de fallo del expediente contra Andy Dauhajre por caso Odebrecht
El recurso de apelación interpuesto por el economista Andrés (Andy) Dauhajre, procura que vuelvan a archivar la investigación en su contra por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht, en el caso de la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.
SANTO DOMINGO.-La presidenta interina de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols, envió para el 24 de noviembre a las 9:00 de la mañana la lectura del fallo del expediente contra Andy Daujhre por el caso Odebrecht, alegando que una de las juezas se enfermó y dicho acontecimiento le imposibilitó al tribunal tener lista la sentencia.
El recurso de apelación interpuesto por el economista Andrés (Andy) Dauhajre, procura que vuelvan a archivar la investigación en su contra por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht, en el caso de la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.
El recurso de apelación interpuesto por Andy Dauhajre se conoció a principio del mes pasado; con el mismo persigue que la corte anule la decisión del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que en mayo de este año acogió la objeción sometida por el dirigente político Guido Gómez Mazara y revocó el archivo.
Recuento
En 2019 las autoridades de la Procuraduría General de la República, interrogaron a Dauhajre a raíz de que la empresa Baker Street Financial, que figura a su nombre, aparecía en la lista de las empresas que habrían recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
En diciembre del año pasado la PGR informó a Gómez Mazara que se había archivado de manera definitiva el proceso de investigación en torno a los contratos con Dauhajre por US$750,000,00 a través de la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises LTD, empresas que aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de Nueva York.
Gómez Mazara explicó en ese entonces que el archivo fue instrumentado con irregularidades por el entonces procurador general Jean Alan Rodríguez, por lo que entendía que debía reabrise la investigación y ser judicializado por tratarse de un “robo”.
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