I.- La razón de valorar el ejercicio de las libertades públicas
1.- Aunque la lucha social es la única que hace avanzar a la sociedad humana por el camino del progreso, lo más lúcido del pensamiento dominicano, en los últimos años, se ha ocupado de hacer dinero, odiosear, chismear, politiquear y otros asuntos de poca o ninguna sustancia. En ellos, lo baladí ha estado por encima de lo fundamental.
2.- De todas maneras, en este laberinto de ambiciones insaciables, no debemos desmayar; por el contrario, mantenernos llenos de aliento con la creencia de que no todo está perdido y que, a fin de cuentas, lo que importa es aportar y seguir adelante sin voltear la cara para no ver cosas feas e inútiles.
3.- Por el estado de irreflexión como se están interpretando y en forma alocada ejerciendo las libertades públicas, creemos oportuno traer a colación episodios vividos en épocas pasadas por periodistas y profesores.
4.- Además de que es posible que muchos de los integrantes y directivos del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y de la Asociación Dominicana de Profesores, no tengan conocimiento del estado de terror que vivieron sus colegas en un pasado reciente.
II.- Periodistas y profesores trabajando bajo el terrorismo de Estado
5.- Durante el régimen de los doce años del doctor Balaguer, era común el arresto de corresponsales que trabajaban para periódicos en el interior del país, como fueron los casos que indicamos a continuación, en los cuales asistimos ante los tribunales a los siguientes periodistas:
a) Guillermo Quiñones, corresponsal en Santiago, acusado de lanzar piedras a la Policía Nacional.[1]
b) Restituyo Torres, corresponsal de El Nacional en Valverde Mao, imputado de constituirse en turba, agredir a un miembro del ejército y a otro de la Policía, de injuriar al Presidente de la República y de practicar el comunismo. [2]
c) Antonio Espinal, corresponsal de El Nacional en Mao, acusado de formar turbas, agredir a miembros del ejército y tratar de desarmar a un miembro de la misma institución.[3]
d) Erasmo Ulloa Jiménez, corresponsal de El Nacional en Dajabón, con acusación formulada de injuriar a un primer teniente médico del Ejército Nacional. [4]
e) Miguel Noboa, corresponsal de El Nacional en Esperanza, acusado de difamación e injuria contra el diputado Miguel Ruiz Lama.[5]
6.- El inconveniente para la defensa de estos periodistas residía en que debíamos trasladarnos desde Santiago de los Caballeros, hasta los lugares donde habían sido apresados que, por lo regular, era siempre la misma ciudad del interior donde laboraban.
7.- Al igual que los periodistas, los profesores también fueron víctimas de las acciones represivas del régimen balaguerista. Nos correspondió asumir la defensa de varios profesores, entre ellos Porfirio García y Enrique Pichardo.[6]
8.- En el caso del profesor García, interpusimos en su favor un recurso de hábeas corpus y el tribunal ordenó su puesta en libertad.[7]
9.- Procede aclarar con relación al expediente de Porfirio García, que nos vimos en la obligación legal de emplazar ante el tribunal al Jefe de la Policía Nacional en Santiago, coronel doctor Francisco Gerónimo Graciano de los Santos. Al respecto, el periódico Última Hora del día jueves 15 de marzo de 1973, trajo la siguiente información:
“El coronel PN doctor Francisco Gerónimo Graciano de los Santos, comandante local de la Policía, fue emplazado a deponer en un hábeas corpus para que diga por qué tiene preso al profesor Porfirio García. La puesta en causa de Graciano de los Santos fue determinada por un acto del abogado de García, el doctor Ramón Antonio Veras, Negro. A media mañana la policía envió a la justicia las acusaciones contra García. Lo acusa de violar e incitar a violar los artículos 103 y 105 del Código Penal. Estos se refieren a actos de subversión. Es criminal y según una Ley Adjetiva del 1968 los acusados de crímenes no pueden ser puestos en libertad, a no ser por su descargo. El informe de la acusación fue dado por el mayor doctor Julio Alcides Pozo Vélez, consultor jurídico de la zona norte de la Policía, luego del emplazamiento que el doctor Veras le hizo a Graciano de los Santos. García tiene más de una semana preso. Se informó que pese a la ubicación de las acusaciones, Graciano de los Santos, quien además es abogado, está obligado a comparecer a juicio. García, quien es directivo de la Asociación de Profesores de Santiago, fue hecho preso hace hoy siete días y hasta el momento la policía no le ha formulado ninguna acusación, no obstante haber transcurrido el plazo legal establecido por la Constitución de la República. Es la primera vez que un coronel de la PN es sometido a la justicia por retención ilegal de un ciudadano. De acuerdo a la instancia interpuesta ante el juez de la Segunda Cámara Penal, el coronel Graciano de los Santos deberá comparecer el día que se fije la audiencia llevando al profesor Porfirio García y declarar en el tribunal en virtud de qué lo tiene detenido y por qué no se le ha formulado ninguna acusación. El comandante policial, en las ocasiones en que los reporteros indagaron sobre las razones de la detención de García, se ha concretado a decir que «es investigado sobre asuntos que interesan a la Policía». García fue trasladado el viernes al Palacio de la Policía en Santo Domingo. Según se informó, fue retornado al cuartel general de esta ciudad el domingo en la tarde. En la instancia que contiene la solicitud de hábeas corpus se indica que de conformidad con el artículo 8 letra D de la Constitución de la República ‘’toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención, o puesta en libertad’’.
En la misma instancia, el doctor Veras argumenta que, no obstante el estado de anormalidad existente en el país, ninguna disposición legal ha suspendido las garantías constitucionales, por lo que la prisión del profesor García es ilegal, toda vez que ha transcurrido el plazo legal establecido por la Constitución para que sea sometido a la acción de la justicia o puesto en libertad. Finalmente, el tribunal ordenó su libertad y la sentencia fue ejecutada”.[8]
Ideas finales
10.- Fue sumamente difícil el trabajo como corresponsal en el interior del país en la etapa de terrorismo de Estado de los 12 años, porque los periodistas permanecían bajo intimidación militar y policial.
11.- Como se puede observar, además de enfrentar ante los tribunales el contenido de los expedientes infamantes preparados por el Servicio Secreto de la Policía Nacional, había que combatir la prepotencia de cualquier jefe policial.
12.- La que fue la lucha llevada a cabo por periodistas y profesores, en un tiempo difícil de nuestra historia política, debe ser recogida por el SNPP y la ADP, como formando parte de la tradición democrática de esos gremios, para que sirva como testimonio y ejemplo de la brega por abrir espacios por más amplias conquistas de contenido reivindicativo.
