Así operaba el entramado criminal para desviar millones de pesos dentro de Senasa, según MP

Santo Domingo.– El presunto esquema fraudulento operado dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no sólo desvió fondos públicos, sino que se estructuró como una operación criminal altamente organizada con ramificaciones financieras, tecnológicas y médicas, según la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente, la estructura funcionó como organización de crimen financiero, combinando corrupción administrativa, ingeniería contable, sobornos y lavado de activos utilizando empresas de carpeta, facturación simulada y manipulación informática.

• Crearon una estructura crimen organizado: La red criminal se articuló en el seno de ARS-SENASA, liderada por el entonces director ejecutivo (Santiago Marcelo F. Hazim Albainy), con el fin de sustraer fondos públicos mediante corrupción y lavado de activos, con ramificaciones en el sector privado.

• Obstruyeron la Transparencia Interna: Los líderes instalaron un equipo interno para ejecutar una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia, garantizando la continuidad de sus maniobras fraudulentas.

• Crearon Programas Especiales Fraudulentos para Sobornos: Crearon la figura de "programas especiales" sin sustento técnico ni financiero, usándolos como conducto para recibir sumas millonarias en sobornos. La Gerencia de Salud tramitó los pagos a la Gerencia Financiera, simulando su legitimidad.

• Adulteraron los Estados Financieros de Manera Crónica: Adulteraron sistemáticamente el borderau (Registro de Reclamaciones), instruyendo a personal clave (Contabilidad, Análisis Financiero y Tecnología). Esto se hizo dolosamente para ocultar la dimensión real del déficit y mantener una apariencia de solvencia ante organismos externos.

• Distracción de fondos del Seguro Nacional de Salud: Desviaron recursos estratégicos destinados a las Reservas Técnicas de SENASA, comprometiendo la solvencia institucional y el pago futuro a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

• Instrumentalizaron y subordinaron a personal de tecnología (TI): Manipularon a la gerencia de tecnología para ejecutar el cierre fraudulento del borderó, asegurando la alteración de los registros contables desde la base de datos.

• Cooptaron funcionarios clave: Reclutaron y cooptaron a funcionarios y técnicos clave dentro de la estructura financiera de SENASA (ej. la Encargada de Análisis Financiero y Presupuestario, Rosanna Henríquez Ogando) para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes financieros y autorizar cierres fraudulentos.

• Violentaron Controles Financieros Internos (El Sub-registro): El mecanismo se basó en la manipulación directa del Bordereau (Registro de Reclamaciones Pendientes), violando los controles contables para ocultar la verdadera dimensión del déficit. El Gerente Financiero era el encargado operativo de realizar el sub-registro sistemático, creando una base de datos falseada.

• Generaron maniobras fraudulentas que impactaron en sus Reservas Técnicas, ascendiendo a más de RD$ 15,921,369,659.62 al cierre de 2024.

• Contratos fraudulentos a cambio de sobornos: La alta gerencia direccionó contratos fraudulentos por sumas millonarias en perjuicio del Estado Dominicano.

• Constituyeron una red de empresas de carpetas para realizar operaciones de lavado de activos obtenidos en los esquemas de sobornos. Estas generaron cientos de facturas ficticias para dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos.

• Negociaron Ilegalmente Códigos de Prestadores: Negociaron directamente el otorgamiento y restitución de códigos a Prestadores de Servicios de Salud (PSS) cancelados, asegurando la complicidad del sector privado.

• Emitieron miles de facturación ficticia: Las empresas de fachada emitieron facturas con comprobante fiscal por servicios de salud nunca realizados o prestados, simulando relaciones comerciales para justificar el pago de sobornos a funcionarios de SeNaSa a cambio de contracciones perjudiciales.

• Mecanismo de conversión de los activos obtenidos: Los fondos de las transferencias bancarias por servicios ficticios eran retirados inmediatamente en efectivo, completando la fase de ocultamiento y conversión para el pago final del soborno.

• Ocultamiento y fraude contable externo: Implementaron maniobras (facturación falsa y sub-registro) para evitar que las autoridades de fiscalización e investigación detectaran el fraude y los estados financieros reales.

• Materializaron operaciones fraudulentas y de lavado de activos con sujetos obligados: Utilizaron roles jerárquicos (Director Ejecutivo, gerente de salud, gerente financiero, consultor jurídico, entre otros) para la ejecución coordinada del esquema de fraude y lavado.

• Lavaron activos en su nivel agravado: Convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron y transportaron bienes y ganancias provenientes de la corrupción y el desfalco, a través de empresas instrumentales y el flujo de efectivo, para ocultar su origen ilícito.

• Desafiaron e inobservaron los organismos de control: El esquema continuó a pesar de que técnicos internos advirtieron que la manipulación del Bordereau podría generar graves sanciones, evidenciando que el interés de distraer fondos era mayor.

• Pagaron un incremento fraudulento la facturación al SeNaSa producto de sobretratamiento de pacientes oncológicos (abultando sesiones de radioterapia y quimioterapia), cardiovasculares (colocación de stents innecesarios), procedimientos quirúrgicos en piel con lesiones inexistentes o irreales, endoscopías digestivas y colonoscopía a pacientes sin riesgo ni sintomatología, y servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas.

• Adquirieron bienes a nombre de testaferros: Utilizaron el dinero del desfalco y los sobornos para crear un patrimonio ilícito, registrado a nombre de testaferros para evadir la persecución.

• Manipularon la Lealtad de funcionarios Menores: Persuadieron a funcionarios de continuar ejecutando órdenes ilícitas y mantener su arraigo, prometiéndoles "beneficios especiales".

• Obstruyeron la investigación: Realizaron maniobras para obstaculizar la investigación, incluyendo ocultamiento de información y retardo injustificado en la entrega de solicitudes de información.

Prisión preventiva

El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para los 10 imputados y que el proceso sea declarado como caso complejo.

La audiencia de medida de coerción se espera en los próximos días, momento en el que se definirá si los imputados cumplirán prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Principales imputados y su vinculación