BUENOS AIRES.- Los servicios institucionales que prestan asistencia a personas con discapacidad en Argentina podrían verse obligados a parar sus trabajos en febrero por la situación económica del país, aseguró este viernes el Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La emergencia que atraviesan estos servicios de asistencia –especialmente los encargados del transporte– afecta ya a un 80 % del colectivo de personas con discapacidad de Argentina (unas 200.000 personas), según confirmó a EFE el vicepresidente de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, Pablo Bolego.
El deterioro de los sueldos y el aumento del precio de los productos, en particular el de los combustibles, «hace imposible afrontar los gastos de funcionamiento, y como primera consecuencia ha tenido la suspensión de los traslados de personas con discapacidad», dijo en una conferencia de prensa ofrecida en Buenos Aires Eduardo Maidana, miembro del Foro.
En particular, el espacio pidió al nuevo Gobierno de Argentina, liderado por el libertario Javier Milei, que se incrementen en un 100 % los honorarios retroactivos al mes de diciembre, que estos se ajusten por el precio del litro de combustible, que se fije su pago en un mínimo de treinta días tras la prestación del servicio y que se cree un mecanismo de actualización mensual que tenga en cuenta la inflación.
«De no poder resolverse este pedido, las personas con discapacidad van a sufrir la discontinuidad del servicio, con las consecuencias que esto tiene para sus vidas cotidianas», dijo Maidana.
En este sentido, Julieta, madre de un hijo con discapacidad, lamentó que esta situación pueda también generar daños para quienes se encargan del cuidado de estas personas.
«Si no hay transporte están obligados a quedarse en sus casas«, apuntó, y recordó que la situación es aún más grave para las personas con discapacidad del interior de Argentina y para sus familias.
Más allá de Buenos Aires, los servicios de transporte son los encargados de proveer alimentación y otros servicios básicos a las personas con problemas de movilidad u otro tipo de situaciones, que en muchas ocasiones necesitan una asistencia más habitual.
Para hacer frente a esta situación de emergencia, el Foro Permanente convocó una Jornada Nacional de Visibilización de la Emergencia en Discapacidad para el 31 de enero, cuando tiene previsto entregar un petitorio al mandatario argentino en la Quinta de Olivos (residencia presidencial), en las afueras de Buenos Aires.
Por su parte, fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo público encargado de lo relacionado con este tema, informaron a EFE de que el 30 de enero tendrá lugar la primera reunión del Directorio, con el objetivo de «acordar soluciones para las personas con discapacidad, sus familias y el sector prestacional» y afirmaron que «actualmente no hay retraso en los pagos».
«Esta gestión asumió el 28 de diciembre y ya está trabajando en la recomposición en los valores de las prestaciones», aclararon.
