REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Desde las primeras semanas del cuatrienio, mientras se ideaban los cierres de escuelas públicas y se proponía la reducción de beneficios en el Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido ahora como Vital, presuntamente se cuajaron -al menos- tres esquemas de corrupción que desviaron sobre $15 millones en fondos estatales y federales a empresas e individuos que aprovecharon sus contactos con el gobierno para abultar sus alcancías.
Los arrestos de seis ejecutivos asociados directamente con estos casos de corrupción se plasmaban ayer como el inicio de una serie de intervenciones criminales contra personas que, de alguna manera, participaron directamente en los esquemas de corrupción investigados por el gobierno federal.
La propia jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, mientras explicaba los arrestos, advertía que conocen de -al menos- una persona adicional, además de los seis detenidos, que participó directamente en el esquema de fraude y lavado de dinero y que, por el momento, no fue acusada. “La investigación continúa, no puedo decirles más”, afirmó la fiscal federal.
En la mañana de ayer, los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron a la exadministradora de Seguros de Salud Ángela “Angie” Ávila Marrero; al socio administrador de la firma BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet, a la exsecretaria de Educación Julia Keleher; al asesor gubernamental Alberto Velázquez Piñol, a la contratista del Departamento de Educación Mayra Ponce Mendoza y su hermana Glenda Ponce Mendoza.
Esta última trabajaba directamente como asistente de Keleher.
Tarde anoche, BDO Puerto Rico confirmó la renuncia de Scherrer Caillet al puesto que ocupaba en la empresa. “Esto le permitirá al señor Scherrer enfocarse en su defensa, (y) permitirá a BDO concentrar sus esfuerzos en proveerle servicios a sus clientes”, dijo por escrito Gabriel Hernández, socio fundador de la compañía.
En el primero de los esquemas, presuntamente Keleher timoneó un proceso de licitación para beneficiar la empresa Colón & Ponce, que pertenecía Mayra Ponce Mendoza, la hermana de su ayudante especial.
El contrato pagado con fondos federales fue de $43,500, aunque luego se enmendó para alcanzar los $95,000. Supuestamente, hubo otro intento de aumentar la cuantía en agosto de 2017, esta vez a $450,000, pero no se logró.
Bajo este contrato entre Educación y la empresa Colón & Ponce, la agencia obtuvo los servicios de Marie Estela Cesteros, la exdirectora de campaña del candidato independiente a la gobernación Manuel Cidre.
“Da vergüenza… Es una pena que veamos este tipo de esquema una vez detrás de otra. Es una pena porque hay mucho por hacer por Puerto Rico y estos acusados se lucraron, buscaron beneficiarse para seguir con sus intereses personales y no pensaron que podían ayudar y estaban en una posición de ayudar a Puerto Rico”, señaló la jefa de fiscales federales en Puerto Rico.
En la acusación se menciona que hasta la Oficina del Inspector General dentro del Departamento de Educación federal le advirtió a Keleher que tenía que obedecer los procesos de licitación federal e hizo referencia específica al contrato con la firma Colón & Ponce.
Los otros dos esquemas consistieron en la manipulación de los procesos de licitación para que la firma BDO Puerto Rico fuera agraciada por los contratos de asesoría de Educación y ASES.
El principal enlace entre la empresa y las entidades públicas era Velázquez Piñol, quien, además de facturar por los servicios que prestaba a BDO Puerto Rico cobraba un diezmo por cada contrato del gobierno que conseguía para la firma. En este esquema, BDO Puerto Rico alcanzó contratos con montos que sobrepasaron los $15 millones. Velázquez Piñol, por su parte, obtuvo ingresos que sobrepasaron los $920,000.
Fuente: El nuevo Día
